El reto minero

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Esta semana se realiza en Arequipa la 36 Convención Minera PERUMIN 2023, y en esta ocasión el sector enfrenta grandes retos, si realmente quiere continuar siendo el actor más dinámico de la economía nacional. Vemos con entusiasmo que el Foro de Debate se inicie con dos mesas analizan la Competitividad Minera. Una dedicada a cuatro factores críticos: infraestructura, impuestos, tierras y licencia ambiental; y otra al panorama y desafíos para afrontar la minería ilegal e informal.

Preocupa, sin embargo, el enfoque tradicional que seguirían dándole al tema de la minería ilegal e informal, viendo su solución como dos economías en conflicto social, cuando en realidad el reto es establecer puentes reales entre todos los actores involucrados en el negocio minero, para garantizar una convivencia social y económica que dé sostenibilidad al sector en su conjunto.

¡Me explico! Una visión tradicional imagina que la minería es únicamente el sector formal. La minería informal e ilegal son enemigos a los cuales doblegar. La expresión política de este pensamiento conservador tiende a buscar soluciones autoritarias y policiales, etiquetando a los informales e ilegales como delincuentes comunes a los cuales debemos reprimir con todo el peso de la Ley y las fuerzas del orden público.

Esta visión impulsada los últimos 30 años fracasó. Hoy existen vastos espacios del país tomados como si fuesen “territorios liberados” de la formalidad. La minería ilegal se ha convertido en la tercera actividad más poderosa de la economía ilegal en el Perú, compartiendo el podio medallero con el narcotráfico y el tráfico de tierras. Si al 20% de economía ilegal que existe en el país le sumamos el 50% de economía informal, nos daremos cuenta (simple matemática), por qué el 30% de economía formal no consigue que la mayoría cumpla las reglas de juego. La razón es muy simple: los actores ilegales e informales siguen excluidos del gran negocio minero formal y global. ¡Excluirlos del negocio ya no es una opción!

La nueva realidad social y económica trastoca completamente esa visión tradicional y conservadora de la problemática minera, exigiendo un cambio de paradigma, donde Estudios de Impacto Social (deberían ser independientes del EIA) consideren a los actores informales e ilegales como “potenciales” socios del negocio formal. De otra manera, únicamente tendremos a peruanos enfrentados detrás de un negocio formal que continúa evitando la inclusión como consigna.

¿De qué manera incluimos a la minería ilegal e informal en esos 46 proyectos que deberíamos estar construyendo y operando los próximos años, y que suponen una inversión capex de 53,130 millones de dólares para el país (según la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera a julio 2023)?

Si no aprovechamos la necesidad que el mundo tiene hoy de nuestros minerales y nos subimos al bus del cambio de matriz energética global, volveríamos a desperdiciar una oportunidad de oro, cobre y todos esos metales que tenemos en cantidades para exportar al mundo, y que ni siquiera venimos explorando por el mal llamado conflicto minero.

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