Un problema grave para un político o gobernante es confundir deseos con realidad social, económica y/o política de su país. Esto parece haber ocurrido con la presidenta Boluarte, al afirmar –en su primera intervención en la ONU– que un 99% de peruanos tiene seguro médico y 70% está cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS), dando a entender con ello que la cobertura universal sería una realidad en el Perú.
Lo cierto es que la realidad de nuestra salud pública dista mucho de ese país de las maravillas que la mandataria quiso describir. No basta –lo saben perfectamente sus asesores– que al duplicar la lista del registro de identidad en el SIS, ello signifique que automáticamente el 70% de 32 millones de peruanos reciba servicios de calidad.
Un ejemplo es la difícil realidad que viven los pacientes con cáncer, quienes sufren las “descoordinaciones” entre las distintas instituciones involucradas en resolver sus problemas de acceso a medicamentos. Pero para ser más específicos, nos referimos a la pugna que mantienen hoy el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el mismísimo Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
La Ley General de Cáncer se promulgó en agosto de 2021. Su objetivo: Garantizar cobertura universal, gratuita y prioritaria de servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente del tipo de cáncer. Las razones: Ocupamos los últimos lugares en acceso a medicamentos oncológicos y requerimos generar mayor cobertura. Se tuvo, incluso, un necesario incremento en el presupuesto de medicamentos oncológicos para 2023 de 300%. Pero la Ley de Cáncer aún no se implementa por demoras en normativas.
Ante la demora, el gobierno aprobó un mecanismo para adquirir medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). Pero a pesar de tener presupuesto y una norma para agilizar la compra de medicamentos oncológicos, a mediados de setiembre su ejecución presupuestal en este ítem es apenas 21%.
No resolver el problema con celeridad únicamente agrava la situación de los pacientes, acelerando su muerte ante la falta de medicamentos que contrarresten la enfermedad, o al menos prolonguen su vida por un tiempo más. Pero guardar silencio e institucionalizar una mentalidad que responde al “si van a morir igual, para qué gastar” no es admisible en ninguna circunstancia. Y esto no solo ocurre en pacientes con cáncer.
Según la OCDE, cada dólar invertido en un paquete de políticas mixto de prevención en salud y buena alimentación genera retornos equivalentes a cinco dólares en beneficios económicos, logrados a través de reducciones en futuros gastos en salud por enfermedad y mayor productividad en el trabajo. ¿Qué estamos esperando?