Escribe Unidad de Investigación
La sospechosa cancelación de un proceso de contratación de internet para casi 4 mil colegios a nivel nacional pone en evidencia un manejo ineficiente del Minedu en su presupuesto, en los sustentos que presentó a la OSCE, y las idas y vueltas de un proceso que lleva más de 10 meses sin darle internet a miles de estudiantes y profesores en todo el territorio nacional. Depolitika tuvo acceso a documentos de la OSCE y fuentes internas del Minedu nos contaron el detrás de cámara de lo sucedido.
Una noticia que pasó desapercibida en los medios de comunicación fue la cancelación del Concurso Público N°13-2022-MINEDU/UE026-1 que convocó el Ministerio de Educación (Minedu) para contratar el servicio de conectividad a internet para locales educativos en zonas rurales y urbanas de 3,737 instituciones educativas a nivel nacional.
El concurso fue cancelado el pasado 04 de agosto alegando “caso fortuito por falta de presupuesto”. Esto signfica que alrededor de 4,000 escuelas no contarán con internet, a pesar de que ya se les había comunicado que contarían con el servicio este año.
El proceso fue convocado el 03 de octubre del 2022 (10 meses antes). Lo curioso es que en todo este tiempo existieron múltiples cambios en los Términos de Referencia (los famosos TDR), agregando nuevas características que hubieran permitído a estos colegios contar con tecnología más reciente y mayores velocidades.
Durante el proceso se recibieron más de 600 consultas y observaciones a los TDR, y luego de ver las respuestas del Minedu, cinco operadoras de telecomunicaciones que competían elevaron las respuestas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), porque no estaban conformes con las respuestas y variaciones en los TDR.
Sí hubo presupuesto ante la OSCE
El 23 de mayo, aproximadamente dos meses antes de la cancelación, el Minedu se vió obligado a enviar todo el expediente, incluyendo la “certificación presupuestal” al OSCE, para que evalúe las observaciones que fueron elevaciones por los operadores.
El 16 de junio, el OSCE emite una resolución indicando que, prácticamente, todos los cambios realizados por el Minedu eran válidos, dado que es la entidad responsable por la descripción de los TDR, y que su motivación era beneficiar a las escuelas.
El proceso continuó su curso para la presentación de propuestas, indicando como fecha de presentación el 28 de junio. En ese momento, era 37 las empresas registradas como postores. Al momento de la presentación, nuestras fuentes al interior del Minedu revelan que habrían sido más de 10 empresas las que presentaron oferta.
Cancelación sorpresiva
Aquí ocurrió nuevamente un hecho inusual. Cuando los competidores esperaban el resultado, el Minedu postergó hasta en tres ocasiones el anuncio de la Buena Pro. A finales de julio solicitó a algunas empresas que presentaron propuestas significativamente bajas, que presentaran su estructura de costos y demuestren que sus propuestas incluían todo lo solicitado en los TDR, y con ello dar la Buena Pro los primeros días de agosto. Sin embargo, solo unos días después emitió la resolución de cancelación firmada por José Cabrera García, jefe de la OGA.
Lo más insólito fueron las declaraciones públicas de un funcionario del Minedu indicando que la alternativa era trasladar el presupuesto a cada UGEL a Nivel Nacional, para que contraten directamente el Internet. Cualquier experto en contrataciones privadas sabe que ello resultaría más ineficiente, porque tardarían más en la contratación y con seguridad resultarían más caros los costos.
Congreso pide explicaciones
Ante este razonamiento sectorial, la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso solicitó explicaciones, pues las dudas eran muchas respecto al proceso cancelado: ¿Cómo que hoy no hay presupuesto, pero si existió certificación presupuestal para convocar el proceso y ser certificado ante la OSCE? ¿Cómo si no había presupuesto, ahora sí lo habría para transferirlo a las UGEL? ¿Tienen las UGEL personal técnico para contratar, diseñar soluciones, administrar y supervisar servicios de Internet, considerando que acaban de ser denunciadas por contratar profesores falsos?
¿Sería más eficiente contratar por separado qué todo desde el Minedu? ¿Acaso eso no es fraccionamiento, acaso no es ilegal, acaso no está penado por Ley? ¿Sabía la ex ministra y la actual que serán perjudicadas alrededor de cuatro mil escuelas a nivel nacional, en los sitios más alejados del territorio nacional? ¿Conocía esta cancelación la presidenta Boluarte? ¿Habrá sido esta una de las razones por las que cambió a la ex ministra? ¿Quién es el funcionario responsable en Minedu de la falta de reserva de presupuesto? ¿Acaso le sobra el tiempo al Minedu? ¿Cómo logra, después de 10 meses de un proceso de contratación, que este se cancele?
OSCE: Cancelación es nula
Nuestras fuentes gubernamentales nos cuentan que, en la quincena de agosto, el OSCE emitió una carta al Minedu, como parte de su control interno, indicado que la cancelación no contaría ni cumpliría con el sustento necesario para una anulación. La razón sería que durante la elevación de observaciones se entregó la certificación presupuestal, es decir, sí se contaba con el presupuesto necesario. La gran revelación que nos hicieron fue que las propuestas presentadas por los postores fueron sustancialmente bajas, muy por debajo de lo presupuestado. El Minedu respondió a estos cuestionamientos registrando recién en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 17 de agosto, que existió una actualización del Presupuesto.
Nos comentan que el OSCE habría emitido un pronunciamiento donde concluye que la cancelación no es válida y el proceso debe continuar y otorgar la Buena Pro a quien corresponda. El MEF también habría corregido su error y entregado el presupuesto necesario para la contratación, dejando la responsabilidad de todo lo sucedido a los funcionarios del Minedu.
Actualmente, el Minedu tiene más de mil colegios con servicios de internet vencidos desde principios de año, los que son brindados por la Operadora Bitel, a través del acuerdo de concesión que firmó con el Gobierno. Nos comentan que en este momento se brinda el servicio de forma gratuita, pero este servicio se apagaría pues no existe un nuevo proceso. A inicios del próximo año vencerán los servicios de internet para otras 1,400 escuelas.
Toda esta historia de idas y vueltas en el Minedu revelan que la cancelación del proceso genera múltiples retrasos e incertidumbre en docentes y estudiantes. Los obstáculos enfrentados en este proceso emblemático afectan negativamente en la educación de miles de estudiantes, limitando el acceso a herramientas modernas en muchas instituciones educativas.
Resulta esencial que estos procesos de licitación sean transparentes, justos y eficientes en el sector público. Los miles de estudiantes y profesores afectados esperan que las autoridades tomen acciones y resuelvan este proceso de manera oportuna.