A propósito del Plan Bukele, Plan Boluarte, Plan Otárola… no sabemos ya cómo llamarlo, que políticos y/o funcionarios públicos ingenuos quisieran aplicar en el Perú para enfrentar la ola delincuencial que se apodera de nuestras calles, es importante analizar qué consecuencias podría traer esa “mano dura” que muchos sueñan con hacer realidad en el país.
Un primer elemento para considerar es si nuestra “débil” y poco institucionalizada democracia es capaz de elaborar un proyecto país que enfrente un problema que se agudiza día a día. Antes que anunciar medidas debemos tener un diagnóstico detallado del mismo. Ese es el punto de partida que parece no tener el gobierno de turno, ni el Estado peruano en su conjunto.
La problemática de los ilegales que toman por cuenta propia “competencias” para ajusticiar o eliminar enemigos, revela un vacío de autoridad y de poder que es reemplazado por acciones fuera del sistema de justicia y del orden público que debe garantizar el Estado para proteger la vida de todos los ciudadanos que habitamos el territorio nacional, dándoles tranquilidad.
Un segundo elemento para considerar es la incapacidad del Estado para defender la “libertad” como principio máximo del sistema democrático que pretendemos fortalecer quienes creemos en esta modalidad de convivencia social. Lo que jamás debe suceder es que restablecer el orden público implique privar a los demás –ciudadanos legales y formales— del ejercicio de nuestra libertad. El fin no justifica los medios en un Estado de Derecho. Se requiere repensar las reglas de juego y el cumplimiento de estas por parte de todos los ciudadanos peruanos.
Un tercer elemento para considerar es la legitimidad que aplicar esa “mano dura” tiene en la percepción ciudadana. No basta con difundir encuestas de opinión que validen superficialmente poner orden con “mano dura”. La pregunta clave es ¿cómo imponer ese orden público? En ese detalle no indagan las encuestas de opinión. Son necesarios estudios cualitativos y profundos sobre qué están dispuestos a sacrificar los ciudadanos de sus libertades individuales para que, en nombre de un “bien mayor”, se neutralicen a bandas y mafias que hoy imponen su propio orden en la sociedad peruana, quedando impunes todos sus crímenes.
Debemos tener muchísimo cuidado con la percepción superficial que muestran encuestas de opinión coyunturales, y profundizar en esa red de relaciones que forman parte de todo el tejido social, y que involucra a formales, informales e ilegales en una confusa trama de violencia estructural que hoy atemoriza y paraliza a todos como sociedad.
Si descuidamos estas formas democráticas y libertades individuales, y aplicamos acciones parciales que no solucionen los problemas de fondo, sin duda sucumbiremos a esas viejas prácticas autoritarias que terminarán convirtiendo las supuestas soluciones al problema en un orden alterno que no consolida ninguna democracia, sino que termine por debilitarla mucho más a futuro. ¿Qué libertades estás dispuesto a sacrificar?