La norma que intenta aprobar la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) encendió las alertas en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en la Defensoría del Pueblo, entidades que citaron en calidad de urgencia a los representantes de los organismos verificadores independientes para analizar los pormenores de la ley.
Esto se suma a la preocupación que ya tenían la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y tres comisiones parlamentarias, quienes también le han pedido a la SUNASS toda la información técnica sobre la normativa que pretende aprobar.
Al respecto, el organismo supervisor envió un documento a la PCM para sustentar la normativa, el cual generó más malestar al interior del Consejo de Ministros por la escueta respuesta donde se señala, sin mayor explicación técnica, que la norma será de conocimiento público cuando se publique la resolución del Consejo Directivo, es decir, cuando ya esté aprobada.
Mientras tanto, en el Congreso, las comisiones que han mostrado preocupación por la norma son la de Constitución, presidida por Nano Guerra García, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Elías Varas, y la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, presidida por el congresista Esdras Medina.
Cabe recordar que el actual jefe de la SUNASS, Mauro Gutiérrez, fue designado por Pedro Castillo y el ex premier Aníbal Torres, luego de un concurso público donde quedó en la terna finalista. Ante esta situación, la congresista y vicepresidenta de la comisión de Fiscalización, Patricia Chirinos, solicitó al Ejecutivo, a través de su cuenta de Twitter, la remoción de este funcionario y de todos los designados por Castillo.
Al respecto, Sergio Medina, representante de los organismos verificadores, señaló que la modificación de la ley eliminará la obligación de verificar todos los medidores, estableciendo ahora que solo se supervise “una muestra” del conjunto de medidores.
Manifestó que no existe ningún sustento técnico para hacer las modificaciones en la norma de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, peor aún cuando la misma SUNASS en sus informes técnicos señala que los medidores de agua presentan irregularidades en los dos primeros años de instalación. Añadió que se vienen reuniendo también con líderes empresariales de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
“Permitir que las EPS realicen un servicio que actualmente es prestado por empresas privadas, violaría el Artículo 60 de la Constitución Política del país, donde se enfatiza que el rol del Estado es solo subsidiar la actividad empresarial, de manera directa o indirecta”, manifestó Medina.
Se hicieron los estudios
Sobre dicha norma que genera preocupación en diversas instituciones del Estado, el superintendente de la SUNASS, Mauro Gutiérrez, salió a brindar las explicaciones resaltando que sí se realizaron los estudios pertinentes desde el año pasado, periodo donde se ha conversado con actores importantes como la Sociedad Nacional de Industrias, la OTASS, entre otros.
«Este proyecto empezó su estudio desde el año pasado, prácticamente todo el 2022, se desarrolló el estudio de análisis marco regulatorio, se publicó, en diciembre salió el proyecto normativo en el cual se detallaba el objetivo de la norma, y en todo este periodo hemos tenido conversaciones con los distintos stakeholders, los actores relevantes, que va desde los consejos de usuarios, la asociación de empresas que realizan las mediciones de los micromedidores, con la OTASS, con la Sociedad Nacional de Industrias y con todos los actores que estén involucrados», aseguró Gutiérrez a un medio local.
Remarcó que esta normativa no genera ninguna situación en la cual la EPS termine siendo «juez y parte» en la medición y control de los medidores.