Perjuicio para los ciudadanos. En las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) generó malestar en el Gobierno, debido a su intento de aprobar una norma, carente de sustento técnico, que permitirá a Sedapal y otras empresas prestadoras del servicio de agua potable, ser juez y parte en la evaluación de calidad de los medidores de agua con los que se cobra el servicio a los usuarios.
Este hecho ha causado mucha incomodidad entre congresistas y otras instituciones, entre ellas la PCM, quien estaría evaluando cambios dentro de los organismos reguladores, cuyas cabezas fueron nombradas en el gobierno de Pedro Castillo, gestión que afronta acusaciones por corrupción. Uno de estos funcionarios es Mauro Gutiérrez, actual presidente de SUNASS.
Al respecto, Sergio Medina, vocero de los organismos verificadores independientes, explicó que la SUNASS intenta modificar el Reglamento de Calidad para que sean las mismas empresas prestadoras de servicios quienes evalúen periódicamente y determinen si los medidores están funcionando correctamente.
Señaló que la modificación de la ley eliminará la obligación de verificar todos los medidores, estableciendo ahora que solo se supervise “una muestra” del conjunto de medidores, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con Osinergmin que dispone que todos los medidores sean objeto de revisión técnica independiente, de manera periódica.
Los organismos verificadores señalan que no existe ningún sustento técnico para hacer las modificaciones en la norma de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, argumentando que es inconstitucional y que atenta contra los principios de la calidad y la libre competencia.
“Permitir que las EPS realicen un servicio que actualmente es prestado por empresas privadas, violaría el Artículo 60 de la Constitución Política del país, donde se enfatiza que el rol del Estado es solo subsidiar la actividad empresarial, de manera directa o indirecta”, manifestó Medina.