Foto: La República.

La Contraloría General de la República emitió un informe donde reveló que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, habría cometido una infracción constitucional, al firmar documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El documento fue remitido el viernes por la tarde al Congreso de la República donde será evaluado para que se tomen las medidas correspondientes, que podrían terminar con una suspensión de diez años para ejercer la función pública a Boluarte.

“La fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo”, se menciona en el documento.

Según detalla la Contraloría, esto podría configurar una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.

Según este extracto de la Carta Magna, un ministro de Estado no puede ejercer otras funciones públicas, salvo la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

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