Foto: Semana.

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, afirmó que, en la diligencia en Palacio de Gobierno más reciente, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina solicitó que “voluntariamente” se entregue las imágenes de las cámaras y otros materiales.

“No era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio. Se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido”, aseguró.

“El problema ha surgido, el señor presidente, supuestamente era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado”, añadió.

Asimismo, el letrado aseguró que es falsa la versión que el jefe de Estado haya pedido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que retire al fiscal encargado de esta diligencia, sin embargo, manifestó que este pedido fue solicitado ante la fiscal provincial Norah Córdova.

Pachas también afirmó que la diligencia que se llevó el 20 de diciembre fue “una disposición” en la que la información fue solicitada por el fiscal a cargo y la cual fue entregada “voluntariamente”. Agregó que, en el caso Petroperú, su defendido “no tiene el nivel de testigo, de imputado ni ninguna intervención”.

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