Foto: Andina.

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de Ley con el objetivo de hacer explícitas algunas obligaciones y exigencias que deberán cumplir las personas elegidas por el presidente de la República para encabezar los distintos ministerios.

En un oficio, dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señala que, si bien se reconoce las facultades del mandatario para la elección de su equipo ministerial, estas personas deben ser “garantes de los derechos humanos del conjunto de la población”, siendo la obligación de ellos “encabezar la lucha contra la corrupción y de combatir el terrorismo”.

“El proyecto en su articulado despliega un conjunto de exigencias de vida y trayectoria profesional que deberán ser cumplidos por los llamados a ejercer el cargo de ministros/ministras, de este modo el presidente podrá realizar una mejor selección de las personas que lo acompañan en su gestión de gobierno”, señala el documento.

En el proyecto, la Defensoría del Pueblo especifica, entre otros requisitos, el “No haber sido indultado o amnistiado como consecuencia de una condena por la comisión de un delito doloso, de carácter pluriofensivo o que suponga un atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.

Asimismo, también se exige no tener ninguna acusación fiscal en delitos pluriofensivos, de lesa humanidad y que atenten contra la integridad territorial y de violencia contra la mujer.

Como se recuerda, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, emitió hace unas semanas una carta para exhortarle al presidente de la República, Pedro Castillo, una reconsideración de los integrantes de su Gabinete, algunos cuestionados por ser misóginos, homofóbicos e, incluso en el caso del premier Guido Bellido, investigados por apología al terrorismo.

“Aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, homofóbico y que está en contra de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales, públicas, no las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado, porque el Estado está para garantizar los derechos fundamentales”, manifestó en aquella ocasión.

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