Una consecuencia del casi empate técnico entre candidatos presidenciales, como vienen mostrando las últimas encuestas de intención de voto, será la radicalización del discurso de Castillo y sus seguidores, especialmente aquellos vinculados al corredor minero del Centro y Sur Andino, quienes ya intentan politizar el diálogo social, convocando a mesas de diálogo o amenazando con acciones de fuerza si las mineras no comprometen un reparto de utilidades o incrementar empleos locales antes del 6 de junio.

La plataforma de lucha no sorprendería en tiempos normales, pero toma especial relevancia en pleno proceso electoral, porque evidencia la desesperación de grupos anti mineros por aprovechar el desconcierto social frente al desenlace de la contienda electoral.

Si el gobierno central no toma cartas en el asunto y baja la temperatura que pretenden calentar estos grupos anti mineros, pondríamos en riesgo una actividad que hoy es crucial para garantizar presupuesto público que bien se podría destinar a medidas para hacer frente a esta pandemia, y acciones de reactivación económica en todo el país.

La pretensión de convertir el diálogo social en una pugna entre castillistas (anti mineros) y keikistas (pro mineros) es absurda y descarada. Por ello, el gobierno central debe intervenir de inmediato y buscar mantener la paz social y gobernabilidad del país reprogramando toda mesa de diálogo para después de este proceso electoral presidencial, y cuando sepamos qué rumbo tomará el nuevo gobierno respecto al desarrollo sostenible en estas regiones del país.

La medida propuesta por la candidata Fujimori de distribuir el 40% del canon directamente a la población, considerando la incapacidad de gestión de gobiernos locales y regionales en realizar inversiones sociales efectivas y sin corrupción, resulta disruptiva e interesante bajo esta perspectiva. Sorprende que sean los tecnócratas vinculados a Castillo quienes se opongan a implementar esta medida (que evita intermediarios que lucren con las negociaciones), cuando lo que la población requiere a gritos es una inyección directa de inversión social efectiva, de manera que perciban que la actividad minera también los beneficia con esta medida propuesta, en el desarrollo directo de las poblaciones y, principalmente, las que se encuentran en el entorno de los diversos proyectos.

Este 2021 las regiones iniciaron el año con S/. 1,073 millones por canon minero y regalías, cuyas transferencias fueron de S/. 738 millones de canon y S/. 344 millones de regalías mineras, y donde la cartera de proyectos mineros en Perú asciende a US$ 57 mil millones. ¿Acaso es difícil entender qué está en juego tras los desesperados intentos de estos grupos anti mineros por exigir desembolsos antes que finalice el proceso electoral del 6 de junio, promoviendo espacios de diálogos que no garantizan la participación plena de las empresas mineras ni de representantes del gobierno nacional?

La inversión en desarrollo sostenible no puede ser vista como un botín que sea tomado por asalto. Requiere mesas técnicas de diálogo social que prioricen y hagan realidad esta inversión, con programas que la misma población administre, sin alimentar la intermediación parasitaria de los “dirigentes o grupos anti mineros”.

 

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