La corrupción es un fenómeno con el que no se puede convivir sin generar graves peligros contra la democracia constitucional y el sistema de derechos. La corrupción prospera en tiempos de autoritarismo y lo alimenta en todos los niveles. La corrupción es un fenómeno ciertamente complejo que no se agota en el uso de los bienes públicos para obtener beneficios de carácter privado. El espacio de la corrupción no es sólo el Estado. Hablamos propiamente de “corrupción” cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas, en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos. Una definición como ésta permite ampliar la descripción del fenómeno hacia contextos no públicos, y a contemplar el circuito completo, incorporando la figura del corruptor y el corrupto en todos sus escenarios.

La concentración de poder en pocas manos en diversos espacios estatales y gremiales, y la ausencia de un eficaz Sistema Nacional Anticorrupción articulado desde la Contraloría General de la República, propician el surgimiento de la corrupción. La corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar. La fe en la transparencia de las transacciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo. La cultura de la impunidad refuerza la conducta corrupta (y corruptora) y desmoraliza al ciudadano.

Aquí se hace significativa la noción de “injusticia pasiva” tal como ha sido discutida por Judith N. Shklar en diálogo con la obra de Cicerón y de Giotto. Actuamos de manera ‘pasivamente injusta’ en tanto cuando un tercero atenta contra la ley y nosotros – por indiferencia, pereza o cobardía – preferimos mirar hacia otro lado. Nos comportamos como súbditos, renunciamos a ser agentes de reforma.

Conjuraríamos la corrupción con instituciones sólidas, con los filtros adecuados y con una práctica cotidiana de rendición de cuentas. No obstante, ninguna de estas condiciones se configura sin acción y vigilancia ciudadana. La corrupción no prospera sin injusticia pasiva. Requerimos ciudadanos dispuestos a considerar la corrupción como una injusticia inaceptable. Agentes que puedan actuar desde los espacios que brindan el sistema político y las instituciones de la sociedad civil. Se trata de escenarios en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común, y generar formas de vigilancia respecto de la conducta de las autoridades, que finalmente administran el poder por encargo de los ciudadanos y tienen que responder ante ellos en materia de eficacia, probidad y calidad de la gestión.

El conocimiento de la ley, la conciencia del propio derecho a la praxis cívica y la fiscalización de las autoridades constituyen recursos importantes para el control del sistema democrático y la defensa de la ética pública. Nada de esto se logra sin coraje cívico, el valor que mueve a los agentes políticos a llamar las cosas por su nombre y a confrontar a las autoridades elegidas que exceden sus potestades y vulneran la ley. Hay que quebrar esa lamentable condescendencia frente a la corrupción que le otorga una aureola de invulnerabilidad a los corruptos.

Las encuestas que tocan el tema de la corrupción arrojan un resultado preocupante: la ciudadanía en su gran mayoría considera que las instituciones públicas son corruptas o carecen de vocación de luchar contra la corrupción. Esta imagen tendría algo de injusta, en la medida que aún contamos con casos de instituciones profesionales y políticos honestos en todos los niveles de gobierno. Además, en los últimos años y tal vez por el trauma de los noventa, varias instituciones se han vuelto muy cuidadosas en sus procesos de compra. Sin embargo, la imagen todavía tiene mucho de cierto. Probablemente nace de la experiencia directa de los ciudadanos en su trato con la administración pública, así como de las noticias sobre conductas corruptas que le llegan en abundancia.

Lo que muestran estas respuestas es que para los peruanos estas conductas ilegales no son excepcionales, sino de formas de corrupción normalizadas que plagan al Estado. Lo que perciben los ciudadanos es la existencia de espacios donde los intereses privados y políticos se imbrican con los intereses de funcionarios estatales, para torcer las reglas en beneficio de particulares. Lo que interesa resaltar es que, a pesar de saber que existe corrupción, los ciudadanos muchas veces no conocen la dimensión y particularidades de la misma. Probablemente al responder están pensando en tipos de corrupción que pueden conocer directamente o que suelen ser resaltados por la prensa: corrupción judicial, grandes licitaciones amañadas a todo nivel, conductas ilegales en la policía, mafias en la provisión de servicios sociales, entre otros.

Sin embargo, al lado de estas conductas conocidas hay otros espacios corruptos que recogen menor atención. Mientras el ciudadano común sabe o intuye dónde se localiza parte de la corrupción, sea por su experiencia o por lo visto en prensa, también hay otros lugares con los que está menos familiarizado. Estos espacios no suelen tener contacto con el público en general y recogen menos atención en prensa. Al no recibir atención, estas zonas de corrupción quedan libres de fiscalización, invisibles, y por tanto con mayor impunidad.

Les propongo dos espacios de corrupción que también causan daños enormes al país. Pero sin duda hay muchos más.

El primero son las obras públicas a nivel regional y local. Se suele señalar al mal gusto como el principal responsable de monumentos y plazas monstruosas en todo el país. El gusto “cultural” es lo que explicaría todos esos monumentos y bulevares a la nada: fierro y cemento cada diez metros. No seamos ingenuos. Más importante que el mal gusto es el costo de la obra. Un secreto a voces en regiones y municipios es el cobro del llamado “diezmo”, un pago que recibe la autoridad de quienes ganan la ejecución de la obra. Y a más cemento y fierro, más diezmo. Cuando usted vea un alcalde desesperado por renovar su plaza no solo piense en afanes electoreros populistas salpicados de un gusto infame: el cemento paga, permite beneficiar a privados que le apoyaron en campaña e incrementar la cuenta de banco.

Una segunda área que merece más atención son las oficinas encargadas de adquisiciones en el gobierno central, donde también los intereses de políticos, burócratas y privados se mezclan. Hay proveedores que siempre ganan los concursos, aunque no siempre bajo el mismo nombre. Oficinas que son más ágiles para comprar que para reparar equipos malogrados. Y las reglas formales diseñadas para darle transparencia al proceso son instrumentalizadas para simular concursos y buenas prácticas. El problema no se soluciona con más rigidez, por supuesto: siempre hay espacio para sacarle la vuelta al proceso. El problema se soluciona con mejor control y mejor burocracia, pero sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo.

Con seguridad hay otros espacios donde se ha normalizado lo tramposo y lo ilegal que suelen escapar a la percepción de la opinión pública: beneficios penitenciarios, peritajes oficiales, entre otros. Un aspecto clave para enfrentar esta normalidad es dejar de repetir que los problemas son de algunos malos elementos, no de las instituciones. Los incentivos del sistema real que se esconde tras la formalidad llevan que hasta los buenos elementos tengan que aprender a jugar el juego corrupto. El problema es mucho más profundo que detectar a esos malos elementos. Entender así la corrupción es pertinente reconocer el enorme esfuerzo necesario para enfrentarla adecuadamente y lo inadecuado de muchas respuestas actuales.

De otro lado, aparte de que el Perú se sitúa como uno de los países con alto índice de corrupción en el mundo, esto viene impactando a marzo del presente año en el crecimiento económico sostenido, pero sin rostro humano todavía, pues estamos ante una situación de friaje económico, ocasionadas por la caída en la inversión privada y en las exportaciones, (proyectos mineros que no han avanzado como se esperaba o proyectos simplemente paralizados); a lo que debemos tomar en consideración la importancia de la retórica presidencial en la actividad económica y del papel proactivo que Uds. asumirán desde ya en sus respectivas regiones y municipios para que nuestra estructura productiva se recupere.

Por ello es imperativo que tod@s y cada uno de ustedes jóvenes del Perú reflexionen sobre lo que a continuación y para finalizar debo decirles, para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo acontecido en los 90’, en el gobierno corrupto de Alberto Fujimori con su siamés Vladimiro Montesinos, y eso debemos tenerlo muy presente el próximo 11 de abril, en que con conciencia crítica y objetiva deberemos elegir a las autoridades de los Poderes Ejecutivo (Presidente de la República) y Legislativo (Congresistas). Sinceramente una difícil situación que ha de encarar la ciudadanía por el propio escenario político que pinta sombrío el panorama del Perú y su recuperación con adecuadas políticas públicas, frente a la pandemia del Covid-19, y más porque los propios y principales candidatos han denotado en sus campañas actitudes autoritarias y populistas.

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