Luego que la jueza María de los Ángeles Álvarez rechazara el pedido de prisión preventiva en contra del exjefe de estado Martín Vizcarra, el representante del Ministerio Público, Germán Juárez Atoche, informó estar en desacuerdo con la decisión de la jueza.
“No encontrándome conforme con lo resuelto por su judicatura, interpongo recurso de apelación y me reservo el derecho de fundamentar en el plazo previsto”, el fiscal que se encargó de realizar las investigaciones del caso Club de la Construcción.
Por otro lado, Fernando Ugaz, defensa legal del acusado, respondió estar «conforme» con las medidas dictadas por la magistrada y aseguró que respetarán y cumplirán de manera estricta las restricciones impuestas contra Vizcarra Cornejo.
Normas que debe cumplir
La magistrada dispuso que Vizcarra Cornejo cumpla con la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, sin previa autorización judicial, así como presentarse ante la autoridad fiscal y judicial, las veces que sea requerido.
Asimismo, deberá presentarse ante la autoridad judicial de manera mensual a través del sistema de control virtual penal de procesados, mientras se mantengan vigentes medidas contra el covid-19, siendo que «si estas son levantadas se hará de modo presencial».
Además, se dispuso la prohibición de comunicarse por cualquier medio de comunicación, teléfono, entre otros, así como concurrir a residencias o establecimientos penitenciarios de coimputados vinculados a la investigación
También, se estableció el impedimento de mantener contacto o asistir a las entidades públicas o privadas que tengan que ver con investigación; y la prohibición de exponer en medios de comunicación masiva aspectos relacionados al contenido de la investigación preparatoria, así como del proceso penal.
Finalmente, se le impuso la prestación de una caución económica de 100,000 soles, suma que deberá ser cancelada en el plazo de diez días hábiles.
¿Quién es la jueza María Álvarez y qué pasado tiene?
María de los Ángeles Camacho, es titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de funcionarios, es la magistrada que validó el acuerdo de colaboración firmado, firmado el 15 de febrero pasado por el Ministerio Público, la procuraduría ad hoc y Odebrecht.
Camacho es titulada como abogada en la Universidad Nacional de Piura, además tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Escuela de Postgrado de esa misma universidad.