Exactamente a solo un mes de las elecciones presidenciales, el fiscal José Domingo Perez manifestó que presentó ante el Poder Judicial una acusación contra Keiko Fujimori y más de cuarenta personas solicitando penas altísimas por el delito de Lavado de Activos y otros, debido a la supuesta recepción de dinero de origen ilícito para la campaña política del Partido Fuerza Popular.

Lo que se ha advertido de las diversas audiencias transmitidas por diferentes medios es que existían hechos a ser investigados pero, del decurso de la misma, según lo que exponía el fiscal, no se ha observado medios idóneos para presentar una acusación sustancial, esto es que existan medios de prueba de cargo que acrediten la comisión del delito y la responsabilidad penal, toda vez que habría habido un entrega y recepción de aportes de campaña por ODEBRECHT y otras empresas al partido Fuerza Popular, pero nunca la fiscalía fue clara en señalar y acreditar que dicho Partido o sus integrantes, habrían tenido conocimiento o presunción de que el dinero recibido tendría origen de ilícitos penales; eso no lo ha acreditado la fiscalía.

Un operador legal que actúa con honestidad, apegado a la ley y que obra en justicia, frente a la duda acusa, pero lo dice. Vemos con asombro el accionar de una fiscalía que desde el inicio de la investigación su objetivo era acusar sí o s+i, no importando las normas, los hechos, ni lo encontrado en la investigación. El Ministerio Público como parte del sistema de justicia, está llamado a perseguir el delito, pero también debe defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos.

Por la forma y circunstancia en que sea ha dado esta acusación, lo que se advierte de la investigación preparatoria es que esta no ha reunido los elementos de convicción que permitan acusar de cara al juicio oral;  dada la coyuntura del país esta se ha presentado sin objetividad fiscal, sin búsqueda integral de las fuentes de prueba, resultando sesgado. Por lo que, ahora, todo queda sujeto al control jurisdiccional, quien en justicia debería resolver de acuerdo a ley, iniciándose la etapa intermedia.

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