A nivel mundial la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto problemas muy arraigados en la contratación pública, y específicamente en nuestro país ha quedado al desnudo la deficiencia que tenemos en este sistema.
Como bien sabemos, las contrataciones públicas constituyen un factor clave para que el Estado pueda cumplir sus importantes misiones en los diferentes sectores (Educación, Salud, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social, Producción, Agrario, etc.), por ende, el Estado se vuelve el principal comprador, y quién asume la responsabilidad en tiempos de crisis como el actual, por ejemplo influir en la economía reactivándola a través de las compras públicas, sin embargo, en tiempos de pandemia ¿Es posible contratar eficientemente?.
Pues bien, desde el inicio de la pandemia el OSCE ha emitido normativa referente a las contrataciones públicas ante el COVID-19, en ese sentido, se dispuso las Contrataciones Directas por situación de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19, sin embargo, muchas instituciones han visto esta disposición especial como una oportunidad para sobrevalorar precios de Bienes, Servicios y Obras. Tal es así que la misma fiscalía de la nación ha advertido algunos casos ilícitos, como por ejemplo la Dirección de Administración de la PNP contrató a una empresa importadora de llantas para que venda ranchos fríos y mascarillas, contratando a esta empresa por aproximadamente S/ 10 Millones. Otro caso muy recurrente es de las compras sobrevaluadas de mascarillas, alcohol gel, guantes de látex entre otros suministros, en dónde se advierte un incremento en su precio por encima del 200% aproximadamente de su valor real del mercado, queda claro, que en tiempos de pandemia no solo nos enfrentamos al temeroso virus COVID-19, sino también al virus de la corrupción que por muchos años nos asecha.
El Gobierno ha dispuesto ampliar el estado de emergencia nacional en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el avance de la segunda ola de contagios del COVID-19, en este nuevo contexto, sabemos que la demanda de Bienes, Servicios y Obras va a incrementar, y a fin de atender las necesidades de los ciudadanos de manera oportuna y eficiente, es importante saber administrar los recursos públicos, más aún ahora que sabemos que las Contrataciones Directas por situación de emergencia seguirá siendo el tipo de procedimiento de selección que ayude a contratar de manera inmediata a fin de atender las diferentes necesidades priorizas por instituciones del Estado.
Contratar eficientemente en tiempos de pandemia, sin duda alguna, es un reto más para el gobierno, porque aquí deben existir tres premisas: 1) Comprar rápido 2) De manera inteligente y 3) Con transparencia.
Dentro de un marco de transparencia, eficiencia, eficacia y economía, si las contrataciones públicas se desarrollan en un contexto de publicidad, datos oportunos y accesibles para el ciudadano, aunado a la intervención que tendrá cada institución del Estado, esto generará una nueva cultura basada en la transparencia y datos abiertos que servirá de retroalimentación entre el Estado y sociedad civil, lo que impactará positivamente en el uso adecuado de los recursos públicos.
En ese sentido, el uso de los recursos públicos destinados para seguir combatiendo la propagación del COVID-19 debe ser informado en su totalidad, de forma continua, oportuna y veraz, y por encima de todo que la información proporcionada a través de las plataformas pueda ser entendida por los ciudadanos para que ellos mismos ejerzan la función de fiscalizar como sociedad civil.