Veamos, la reputación de las instituciones democráticas depende no sólo de la aplicación objetiva de las leyes, sino de la conducta de las Autoridades elegidas y designadas de los Poderes del Estado y de las instituciones.
Esta que debería sustentarse en los principios éticos y valores morales en los que se basa la “vocación de servicio”, para salvaguardar y evitar contrariar el interés público, cuya protección, promoción y defensa les ha sido asignadas, no viene siendo así y, lo más censurable, es que se da en tiempos de una terrible crisis sanitaria develada por el COVID-19, con una consiguiente crisis económica y social, acentuada por una crisis política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En consecuencia, aquí no se trata de la protección en forma exclusiva del erario público sino, fundamentalmente, de la mentada “confianza pública”, de la seriedad y rectitud en el ejercicio o la realización de acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del Estado, materializándose el aforismo de Hegel: “el Estado es la realidad de la idea moral”.
No basta entonces con que la Autoridad elegida o designada cumpla con la ley, es necesario que dé cuenta a la sociedad de sus actos, aún en el caso de que esta no lo exija y, tanto más, por lo que la ciudadanía observa hoy con perplejidad en el Perú, por el accionar populista en el Congreso de la República y manifiestamente confrontacional con el Poder Ejecuti.
Además del concepto de legalidad, hoy se impone el neologismo “accountability” o rendición de cuentas, como nota esencial en el ejercicio de la función pública. Ya bien lo había señalado Montesquieu: “la democracia se convierte en el peor de los regímenes, si carece de lo que es probablemente su requisito básico: la virtud”.
Es importante distinguir entre principios éticos en el ejercicio de la función pública de aquellas conductas que implican obligatoriedad de cumplimiento, en razón de que su inobservancia está penada por el ordenamiento jurídico, por lo que estas conductas están tipificadas, ya sea como delitos p.e. incumplimiento de deberes de función.
Hoy es necesario ir más allá: la Autoridad elegida o designada, el funcionario o empleado público es un agente moral, en virtud de que ejerce una actividad de manera permanente y habitual adscrita a Poderes o Instituciones, cuya finalidad es satisfacer las necesidades públicas.
Este desempeño implica aspectos vocacionales, dominio de técnicas y metodologías, desarrollo de conocimientos y formación de actitudes, todas en función del servicio público definido por el bien común.
Ahora bien, el gobernante es responsable cuando da fundamento de sus actos y muestra por qué son deseables. Esto es la reflexión ética y no sólo el pensar técnico o burocrático.
Razonar en el plano de los valores significa utilizar premisas y no sólo hechos. El análisis de la eficacia de las políticas no alcanza, porque también se deben satisfacer criterios de valor.
Tal como afirmaba David Hume, “este delicado tránsito del ser al deber ser y viceversa, no es una deducción lógica o formal, sino una toma de posición”. El “deber ser” tiene que ver con las convicciones, la conciencia y el compromiso social de los gobernantes.
La preocupación por la cuestión ética no puede considerarse como meramente filosófica. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en los beneficios de grupos de interés, extremistas o populistas, mas no en el bien común de la población, cuya situación se torna más incierta aún, porque continuarán las desigualdades.
No se trata de una propuesta moral, aunque puede que sean las personas con más alta moral las que promuevan las conductas éticas.
Se necesita convertir sus nobles principios en estrategias de acción, y esto es lo que precisamente espera la ciudadanía de sus Autoridades elegidas o designadas, así como de los funcionarios o empleados públicos, tanto de los Poderes del Estado, como de las instituciones.
¡POR LA UNIÓN, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA DE LAS AMÉRICAS!
¡POR UN PERÚ UNIDO, EDUCADO E ÍNTEGRO!