Son aproximadamente más de 300 mil trabajadores del Estado quienes actualmente trabajan bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), según datos obtenidos de SERVIR. Si el Ejecutivo diera visto bueno al proyecto aprobado por el Congreso el pasado viernes 18, trabajadores de este régimen, pasarían automáticamente a uno permanente.
Sin embargo, el Ejecutivo, ha señalado que esperarán tener el proyecto para revisarlo y todo indica que su destino sería zanjado por el Tribunal Constitucional. “En su momento hemos manifestado que esta norma distorsiona la implementación de la Ley del Servicio Civil. Estamos a la espera de la autógrafa para hacer la evaluación correspondiente y decidir cuál va a ser nuestra actuación procesal”, señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.
DePolítika, conversó sobre este tema con José Villena Petrosino, abogado y exministro de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Villena explicó los problemas y diferencias de un contrato laboral vía CAS con un contrato laboral N° 728 o 276, que son los regímenes principales que hay en el sector público.
“Lo primero que tenemos que saber y que se habla mucho en las calles, es por qué el contrato CAS es una aberración que niega derechos laborales a los trabajadores del sector público por esta modalidad, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) declaró que es una figura legal que reconocía derechos laborales para trabajadores del sector público”, señala.
Reconoce que hay algunos casos de abusos de contrataciones de CAS, con sueldos bajos, pero se pregunta “¿quién y para qué los contrata? Cuando el CAS fue creado era una manera de formalizar a la cantidad de trabajadores que había en el sector público que percibían sueldos vía locación de servicio, los famosos servicios personales, pero se desnaturalizó porque los CAS en teoría eran de naturaleza temporal hasta que creáramos un nuevo régimen: La ley de Servicio Civil”.
José Villena Petrosino, abogado y exministro de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del PerúVillena advierte que hay una resistencia de las entidades públicas de pasar a la ley de Servicio Civil por dos principales cosas: una sería la postulación y la otra el proceso de evaluación. “Los políticos han dicho que pasemos todos a la 728, que tiene beneficios económicos mucho más altos, principalmente las gratificaciones, las vacaciones y la CTS”. Según esto “pasamos sin ninguna evaluación, que implica dos cosas: generaría un costo fiscal y solo por sacar los CAS a 728 al sector público ese proyecto le costaría 2 mil 500 millones de soles por año adicional”, explica.
Por otro lado, precisa que esta pandemia ha identificado qué puestos de trabajo realmente son justificados o no y si es necesario nombrar en un proceso de modernización a tanta gente. “Uno de los puestos que sobra en cualquier entidad lamentablemente son los técnicos auxiliares, trabajos que ya no son tan necesarios, porque ahora hay internet. De otro lado se han creado nuevos nichos que sí son necesarios como todo lo que es informática online y todas esas cosas que hay con la nueva tecnología”, dice.
¿Es necesario que tanta gente entre a planilla? ¿Hay iniciativa de gasto? Esas son las preguntas que se hace Villena.
Otro punto que menciona es la cantidad de puestos CAS que se han ido creando, uno tras otro. “Una de las propuestas que se ha usado a partir de este año es que todos los nuevos CAS pasen por el filtro de SERVIR, porque se dieron cuenta de que seguían creando más puestos y hay más CAS porque la misma entidad ha estado pidiendo más gente”, a pesar de que “se ha evidenciado de que el sector público es ineficiente y que tiene una sobrecarga de trabajadores vía diferentes contrataciones y que no han servido para nada en servicio al ciudadano y han sido abandonados por la pandemia. Siguen cobrando y no pasa nada”, expresa.
Por último, menciona que ya es hora de empezar a transparentar el tema y de evaluar a los funcionarios. “Hay que ver si la norma está bien o mal, porque lamentablemente el Congreso lo que ha hecho es nombrar a todos porque tienen años de servicio, pero ¿no pudieron buscar otro trabajo? Porque el argumento es: no conseguí trabajo en otro lado, pero es porque no te atreviste a postular o no estás en la capacidad de postular”. Considera que se debe darle oportunidad a las nuevas generaciones que quieren trabajar. “Lo que quieren es tener un sueldo seguro y eso no lo tiene que hacer el sector público, sino el sector privado, esa es mi visión”.
Mientras tanto, SERVIR mediante un comunicado ha señalado que la decisión del Congreso, de eliminar el régimen de CAS generaría un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal, es decir, que pasaría de S/ 9 mil millones a S/ 11, 530 millones anuales. “Esto atenta contra la meritocracia y la igualdad de oportunidades que debe primar en el Estado y dificultad la planificación ordenada de los recursos humanos en el sector público”, concluye.