Tres días tuvo la Comisión Multipartidaria para tener listo la mañana de ayer el nuevo texto de la Ley de Promoción Agraria, luego de viajar por una semana a diferentes regiones donde se produjeron los reclamos y paralizaciones de parte de los trabajadores agrarios. “Esta ley es totalmente distinta a la 27360, donde estamos acogiendo casi todos los requerimientos y expectativas de los trabajadores y además estamos cambiando el tema de la tributación según la posición del MEF, para que sea gradualmente hasta llegar al 29.5%.”, explicaba el presidente de la comisión Juan Oyola Rodríguez (AP).
Si bien también se presentaron las propuestas de diferentes gremios del sector como: ComexPerú, Adex la Sociedad Nacional de Industrial y la AGAP, el descontento es manifiesto.
El presidente de la AGAP, Alejandro Fuentes refiere que “nosotros hemos hablado en el Congreso junto con otros cuatro gremios pero solo se ha tomado en cuenta los temas de aportes escalonados en salud y el impuesto a la renta”. Dijo que la comisión no habría tomado el tiempo de ir a visitar a las empresas exportadoras. El director ejecutivo de AGAP, Gabriel Amaro, advierte que el incremento implicará quiebras generalizadas.
La ley derogada establecía un sueldo básico diario de S/.39,10 y con esta nueva ley los trabajadores percibirían un 25% de bonificación que será incluido en la CTS y en las dos gratificaciones del año, lo que arroja un sueldo de S/.58,77 diarios. También la ley también señala que se prohíbe la tercerización, además de una asignación familiar, escolaridad y recibir el 5% de utilidades, entre otros beneficios.
“Por acuerdo de las partes, los trabajadores reciben un bono anual de productividad y competitividad cada vez que se produzca el incremento anual del PBI agroindustrial, conforme a las normas que establezcan el reglamente”, dice el nuevo texto.
Por otro lado, esta ley, también dispone que el empleador tiene la “obligación de implementar” servicio de transporte ida y vuelta, comedores, guarderías y postas médicas con personal de salud. “Esto representa un incremento de 61% y no puede una empresa agrícola construir guarderías cuya especialización son los campos, la agricultura, No es viable”, dijo Fuentes.
Con relación a los pagos tributarios se acordó que seguirá siendo del 15% por siete años, es decir, del 2021 hasta el 2027 y a partir del 2028 en adelante se aplicará el régimen general del 30%. La propuesta fue del congresista José Núñez Salas (PM), que dijo en la comisión que “no tiene sentido que estos grupos económicos se sigan beneficiando y extendiéndoles incentivos tributarios de los que se han venido beneficiando desde hace dos décadas y hasta el 2024”. Además, todas las empresas deberán estar registradas en el catastro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de esta forma se evita que una vez culminado el periodo de los siete años se quiera cambiar de razón social o pasar a otro propietario.
“En realidad hemos velado por el bienestar de los trabajadores. De hecho, quisiéramos de que el trabajador gane más”, dijo Oyola en la comisión.