Nuevo pacto social, ergo, nueva Constitución del Bicentenario

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Fotografía Ángel Núñez

La actual crisis del Perú es más profunda de lo que se puede creer. No es una crisis legal o de normativa constitucional que se resuelve modificando artículos o normas. Es una crisis de representación y de legitimidad democrática, que anuncia el fin de un régimen político formado por partidos tradicionales e ideologizados, por partidos personalizados y por remedos de partidos creados para ser solo vientres de alquiler electoral. Es la crisis de un régimen político centenario, nacido luego de la caída de la “república aristocrática” en los 30, vuelta a caer en “el ocaso del poder oligárquico” de los 70 y con un tremendo desborde popular del Estado en las últimas décadas. Ese régimen político centenario del Perú ya no da para más y así parece entenderlo y expresarlo con claridad la Generación del Bicentenario.

Una nueva constitución que procure un nuevo orden social deberá resolver de manera drástica, y seguramente cuestionable por quienes no estén de acuerdo, temas varios de mucha actualidad: el aborto, la libertad y opción sexual, la unión familiar de personas del mismo sexo, la regulación de los derechos laborales más allá del debate ideológico, la ratificación de los derechos políticos de la constitución del 1993, la pluralidad cultural y la administración de justicia comunal, la propiedad del subsuelo y formas de propiedad social, el rol empresarial del Estado, la reelección de autoridades, la independencia de poderes y de los organismos constitucionales autónomos, la bicameralidad del congreso, la inmunidad parlamentaria, etc.  Si estos puntos no resueltos o mal resueltos siguen determinando la agenda del país, no habrá gobierno que tenga tranquilidad en su gestión

Toda Constitución Política para cualquier estado constituye el orden social que todos debemos respetar; propone también el modelo social y la organización del Estado que se pretende alcanzar. Es la ley constitutiva de ese estado y todas las leyes deben sujetarse a ella sin contradecirla. Por ello es conocida como la Ley de leyes o Carta Magna y debe su origen, usualmente, a un acuerdo social consensuado o impuesto en un momento determinado de la historia.

Las sociedades cambian constantemente y con ello los acuerdos sociales cambian también, esa es la razón que impulsa las reformas constitucionales e incluso los cambios mismos de la constitución. Las Cartas Magnas no están escritas sobre piedra, por el contrario, van acorde con las dinámicas sociales que regulan y pretenden alcanzar. Si hay un nuevo pacto social no debe sorprendernos entonces, según la dimensión del mismo, que se motiven reformas constitucionales o una nueva constitución. La historia del Perú es una muestra permanente de ello; incluida la actual Constitución, hemos tenido 13 constituciones y alguna de ellas con innumerables modificaciones o reformas parciales.

La actual Constitución Política de 1993, nacida del autogolpe fujimorista de 1992, es sin duda alguna la que más años de vigencia ha tenido en la historia republicana del Perú (27 años). Es cierto que ha tenido varias enmiendas, entre ajustes formales y reformas de fondo; y es cierto también que, como ninguna otra, ha sobrevivido, conducido y resuelto institucionalmente dos crisis de transición democrática como la del año 2000 luego de la vacancia de Fujimori y la actual crisis política del 2016 – 2020. Más aún, es la constitución que ha regulado, como nunca antes en nuestra historia, la mayor cantidad de transiciones democráticas de nuestros gobernantes.

La Constitución de 1993 recoge mucho del debate constitucional de los cerca de 180 años de república, sigue la estructura de la Constitución de 1979, pero tiene diferencias sustantivas. Esta Constitución procuró, en el marco de la efervescencia popular del autogolpe de 1992, instalar en el Perú un pacto social diferente al que se acordó en la Asamblea Constituyente de 1979. Para muchos es la legalización del autogolpe de 1992 a diferencia de la de 1979 que es la legalización del acuerdo político para la transición de la dictadura militar a la democracia de los 80.

La historia constitucional del Perú es la historia de la imposición o acuerdo político de pactos sociales coyunturales que se plasman en nuevas constituciones. Pactos que, además, se van modificando constantemente durante la vigencia del texto constitucional. Las corrientes hegemónicas del orden social constitucionalizado, obviamente, quisieran que el texto constitucional sea más estable, permanente y sin cambios; y las corrientes derrotadas u opositoras procurarán constantes reformas o el permanente pedido de nueva constitución.

En el Perú de hoy, la necesidad de una nueva constitución parece establecerse con más claridad en el imaginario ciudadano. De haber sido, una propuesta marginal de la izquierda parece haberse convertido en una propuesta transversal a varios sectores políticos, aun con visiones y precisiones muy distintas. La crisis política actual, resuelta en el marco constitucional de la carta de 1993, lleva en su esencia misma propuestas de un nuevo orden y pacto social que seguro alumbrarán una nueva constitución. Años más, años menos, ese será el desenlace que resuelva la crisis actual.

Los tres pilares constitucionales (derechos humanos, régimen económico y organización del Estado) tienen en el Perú temas que necesitan ser resueltos en un nuevo pacto social de cara a nuestro bicentenario. Una mirada larga a la crisis de nuestro centenario régimen político actual y una visión también larga de nuestra vida democrática por los próximos años debería proponernos un nuevo marco constitucional que nos permita transitar esta crisis fortaleciendo nuestra democracia y no abortándola como ha sido repetitivo en nuestra historia.

Ese nuevo pacto social, ergo, la nueva constitución del Bicentenario debe sobreponerse y superar el atávico y poco práctico debate de constitución de 1979 versus constitución de 1993. Deberá, sin duda, recoger muchas cosas de ambas, pero siempre con la mira de fijar las reglas para fortalecer nuestra democracia, desarrollar la economía de manera sostenible y con justicia social, reconociendo que nuestro viejo país es pluricultural, libre y soberano. El nuevo pacto social y su nueva constitución, sin duda alguna, en nuestro bicentenario pueden y deben enrumbarnos a un mejor Perú. El sello de la Generación del Bicentenario está y estará en la nueva constitución del Bicentenario; será posible, claro está, si nuestra Generación del Bicentenario así lo quiera, así lo asuma y no deje o ceda a que otros tomen las decisiones por ella.

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