El Congreso debate ahora la modificación de la inmunidad parlamentaria. Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, explicó que el proyecto para reformar el artículo 93 de la Constitución le otorga a la Corte Suprema la atribución de procesar a los congresistas por delitos comunes cometidos durante el ejercicio de su mandato. Los que se hubieran perpetrado antes de su juramentación serían competencia del juez penal ordinario. 

La inmunidad es una figura que tiene sentido. Está pensada para proteger a los parlamentarios, por ejemplo, de una persecución montada por intereses criminales o gobernantes autoritarios. 

Pero casos patéticos como los de Edwin Donayre, que se fugó durante el tiempo que se tomó el Congreso para levantar su inmunidad por un viejo caso rastrero de corrupción con sentencia judicial, envenenaron esa prerrogativa ante los ojos de la ciudadanía. O eso se supone. Luego el general vocinglero cayó con una peluca puesta.  

Otra línea, por otro dictamen aprobado en comisión en julio, va por la eliminación prácticamente de toda inmunidad. La del presidente de la República, el antejuicio de los ministros y los magistrados del Tribunal Constitucional. 

Si llevamos el argumento al extremo, la vacancia de Martín Vizcarra expresó el fin de la inmunidad. Al presidente no se le enjuicia durante su mandato ni tampoco se le saca del puesto a no ser por delitos estrictamente delimitados. El pozo sin fondo de la incapacidad moral es la desaparición de la inmunidad.

En sentido estricto hubiera sido suficiente una modificación para que la inmunidad de los congresistas sea levantada por una instancia distinta al propio Congreso. La Corte Suprema, el TC. Pero no. Pasamos de Donayre y Benicio Ríos a la borrarla de un plumazo. 

Para concretar el acto justiciero habrá que votar en dos legislaturas. Es, al fin y al cabo, una reforma constitucional. A ver por donde anda el péndulo peruano por entonces.

Mientras tanto se discute el strip tease de otros privilegios. La eliminación de la pensión para los ex presidentes -claro, si ser presidente en el Perú es casi ser un futuro preso- y el juicio de residencia para obligar a quienes entregan la banda no se fuguen del país. 

Todo suena bien ahora. Casi como la reducción de sueldos para el Estado que decretó Alan García durante su segundo gobierno. Y la prohibición de reelección parlamentaria que decretó Vizcarra, para que estemos condenados a un purgatorio de principiantes. Y ahora, por cierto, es Vizcarra que dice que entrará al Congreso para rematar la inmunidad cuando es claro que ahí se va para buscar protección en torno a las investigaciones en su contra.  

La lista sigue y sigue. Corrupción como delito de lesa humanidad en la constitución, por ejemplo. Como si las penas por los casos que hoy se investigan ya no superasen, según los cálculos del Ministerio Público, los 30, los 40 años. Más que un asesinato.

Es claro que el ciudadano demanda que el servidor público no sea lo que hoy representa por lo general el Congreso. Que la función de representatividad y el sentido común sean cualidades que se den por entendidas. Que el alto funcionario sea un ciudadano más. Que la corrupción no siga siendo la gangrena nacional. 

Pero algo nos dice que buena parte de nuestro debate ya no guarda los sentidos de la proporción y la lógica.  

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Politólogo con maestrías en Periodismo y Estudios Latinoamericanos. Conductor y entrevistador en TV Peru. En 20 años pasó por casi todas las oficinas de Caretas. También ha hecho radio en RPP y 1160, y fue jefe de redacción del semanario colombiano Cromos.

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