En las siguientes semanas van a producirse muchas versiones de la historia que transitamos entre el 9 y 17 de noviembre de 2020. Las historias de los Bicentenario ya están siendo documentadas en el formato que les es propio, fotos y videos testimoniales y también relatos en medios y en redes sociales. Las instituciones ensamblarán otros relatos concurrentes, que interactuarán con los testimonios que se están registrando. Aún es temprano para ensayar aproximaciones que se pretendan finales, pero la información abierta ya permite organizar papeles como “Protestas y uso de la fuerza: un aprendizaje incompleto” de Elizabeth Salmón (https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/protestas-y-uso-de-la-fuerza-un-aprendizajeincompleto/), sin duda más que un estupendo punto de partida.

Tenemos una promesa en contra de la impunidad lanzada por el presidente Sagasti el 18 de
noviembre; un pedido formal para que se derogue la parte de la ley de protección policial (Ley 31012); una investigación abierta en la fiscalia, que ayer, el 20, ha recorrido las calles levantando evidencias e intentando comprender los hechos, especialmente los ocurrido el sábado 14; una investigación en el sector interior anunciada por el ministro Vargas el mismo día 20; una misión de la ONU generando compromisos formales de reacción de las autoridades y, además, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que han venido recopilado testimonios y registros sobre hechos de violencia de estos días.

Además hay un objetivo. Me quedo con la versión que presentó Carlos Basombrio en Canal N ayer, viernes 20. El ministro Vargas debe ser el ministro de la reconciliación, el que contenga el recurso fácil a la generalización de las cosas y al etiquetamiento sin diferencias y también contenga el uso de esa generalización y esas etiquetas como pretexto para blindar a la policía en un inaceptable bloque de impunidad que parece quererse construir desde algunos sectores bajo la falsa coartada de la “dignidad de cuerpo”.

Ayer los medios registraron la primera movilización de policías retirados. Habría esperado un evento de policías uniformados expresando su solidaridad con las víctimas en la plaza de armas. Los gestos fueron instalados ya en nuestro imaginario con ocasión a los homenajes de George Floyd (https://www.google.es/amp/s/www.elconfidencial.com/amp/mundo/2020-06-01/
video-policias-rodillas-homenaje-george-floyd-eeuu_2619324). Sólo hay que decidirse a
repetirlos. En nuestro caso el gesto puede marcar la diferencia entre la policía que nos ha
cuidado en toda la pandemia y los mandos que lanzaron los ataques, especialmente el del 14 de noviembre.

Los gestos y las acciones de respuesta son imprescindibles antes que empecemos a registrar enfrentamientos entre policía manipulados en una nueva conspiración por la impunidad y jóvenes que reclamen el cumplimiento de la palabra empeñada debemos remover todos los obstáculos que nos alejan de un clima de transición estable.
Las investigaciones “en forma” (especialmente la que está a cargo del Ministerio Público)
tomará algún tiempo. Entre tanto el recurso más eficiente para aclarar las cosas supone publicar la información que aun no está abierta sobre lo que ocurrió aquí, y proceder en consecuencia. Aquí una lista de datos que no puede ser difícil transparentar:

  1. Las primeras movilizaciones se registraron el 9 de noviembre de 2020, antes de la
    instalación del Congresista Manuel Merino en la Presidencia de la República. Entre el 9
    y el 10 de noviembre algún oficial de la policía (no toda la policía, algún oficial en
    particular) debe haber presentado al congresista Merino una primera versión del plan de
    contención que se desplegaría en Lima. Para ese día no había ministro del interior en
    ejercicio, pero no se había nombrado un reemplazante ¿acaso ese plan fue presentado al
    ex ministro Gentille, el último ministro de Vizcarra o al propio congresista Merino? Me
    parece muy poco probable ¿Qué decía ese plan?
  2. El personal, las armas y las municiones de la policía son elementos sujetos de inventario
    ¿Cuántos efectivos se desplegaron? ¿De qué unidades eran? ¿Qué armas y cuantas se
    emplearon? ¿Cuántas municiones y granadas se emplearon el los operativos, día por
    día?
  3. ¿Se modificaron estos planes después que Antero Flores Araoz y Gastón Rodríguez
    prestaron juramento como ministros? ¿Los planes de acción fueron discutidos con ellos
    dos? ¿Cuántos cambios tuvieron los planes de acción definidos para la contención de
    las protestas en Lima entre el 9 y el 17 de noviembre de 2020?
  4. ¿Cuántas personas reconoce la policía haber detenido entre el 9 y el 17 de noviembre de
    2020 día por día?
  5. ¿Reconocen los oficiales a cargo del operativo que se desplegaron efectivos vestidos de
    civil, sin distintivos o con distintivos mínimos?
  6. ¿Confirman las autoridades a cargo de la contención de las protestas que uno o más
    destacamentos de agentes de policía se desplegaron la noche del 14 al 15 de noviembre
    para recoger evidencias en hospitales y domicilios particulares? ¿Conde están esas
    evidencias ahora?
  7. ¿Hubo algún efectivo de la policía nacional herido por armas de fuego?
  8. ¿Reconoce la policía haber empleado centros no registrados de detención como el que
    ha descrito el ciudadano Luis Fernando Araujo, registrado en la lista de desapariciones
    temporales?
  9. ¿Reconoce la policía que determinados efectivos asignados a la contención de las
    protestas perpetraron abusos inaceptables?
  10. ¿Algún oficial o sub oficial de asignado a la contención de las protestas se ha resistido a
    órdenes superiores?
  11. ¿Puede la fiscalía ofrecer a los efectivos asignados a la contención de las protestas
    procedimientos de excepción de responsabilidad y protección que les permitan ofrecer
    sus testimonios sin temor a represalias?
  12. ¿Cuántos altos oficiales relacionados con la contención de las protestas están dispuestos
    a pedir perdón por estos hechos y renunciar a sus cargos en condiciones que permitan
    iniciar un proceso de reconciliación?

Además de transparentar la información que aún no se conoce, aceptar las renuncias de quienes deben dejar sus cargos y sancionar a quienes haya que sancionar conforme a las conclusiones que en su día nos dará la policía, la prevención de eventos como los que hemos presenciado requiere siempre modificaciones en los protocolos de conducta. Entre todas las propuestas que están circulando encuentro especialmente importante que el Ministerio del Interior defina y pruebe lo más rápido que sea posible un protocolo de intervenciones ante eventos de protesta social. El protocolo debería ser publicado en el diario oficial. El texto debe establecer de manera limitativa el tipo de armamento y vestuario que debe emplearse como los procedimientos a utilizar en estos casos, los locales autorizados para mantener personas que cometan delitos flagrantes (solo a ellos) en detención (¿de donde sacaron que es lícito detener a un manifestante desarmado?).

Este protocolo tendría que precisar de manera expresa y limitativa el tipo de armas que deben emplearse en estos casos conforme a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales aplicables al caso (ver la nota de Elizabeth Salmón, ya citada).

El protocolo deberá además considerar la aprobación de un plan de acción específico para cada evento. Una copia de este plan, cuyo contenido deberá ser actualizado en caso sea necesario por el medio que resulte más adecuado, podría ser depositado en reserva en la Defensoría del Pueblo, que podrá entregarlo al Ministerio Público en caso sea necesario. La reserva no debe ser definitiva, debe tener un plazo temporal, salvo que registren hechos de violencia que justifiquen su publicación inmediata.

Sancionar, proteger y reparar. De eso se trata la justicia. El Poder Ejecutivo debe implementar un procedimiento urgente que permita que todos los heridos registrados, todas las personas que permanecieron desaparecidas y los familiares de Brayan Pintado e Inti Sotelo, los dos jóvenes que murieron en este despliegue de violencia, sean reparados sin necesidad de un juicio formal, lo más pronto que sea posible.

 

Foto: José Vidal Jordan

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