En estos últimos días hemos sido testigos de una crisis política – una más – en nuestro país. Y una de las frases más difundidas ha sido: “Este Congreso No Me Representa”. El Congreso, hoy, con unos niveles seguramente bajísimos de aprobación, pasa por una de las crisis institucionales más graves de su historia.

¿Qué esperamos todos de nuestros representantes? Es evidente, que nos representen. Sin embargo, debiéramos ir más allá y preguntarnos ¿cuáles son esos intereses que buscamos sean representados? Y si eso es materialmente posible o no.

Todos los peruanos quieren ser representados, y para eso forman organizaciones en función a intereses comunes. La CONFIEP, la CGTP. Y junto a estos grandes grupos, otros más pequeños, con fines más específicos, como grupos feministas o de ayuda infantil, provincianos que demandan políticas descentralizadas, no católicos que exigen igualdad tributaria, policías, bomberos, etc. Así podríamos seguir ad aeternum.

A más grupos, más demandas de representación insatisfechas. Entonces, si solo algunas demandas pueden ser representadas, el resto se sentirá irremediablemente excluido. Y esa exclusión genera la sensación en la población de que el Congreso no sirve para nada. No importa quien llegue al poder, mi situación siempre será la misma. Nadie me representa. De ahí viene el descontento y los bajos índices de aprobación.

No se trata de cerrar el Congreso, sino que éste se convierta en “caja de resonancia de la población”. El proceso electivo produce efectos elitistas. El problema de la representación no tiene su origen en el sistema electoral sino en el ejercicio de esa representación, caracterizada por ese distanciamiento aparentemente irreconciliable entre representantes y representados.

Los más jóvenes no creen en los políticos y no los culpo. Para muchos, la política es quizá la única profesión para la que no se necesita ninguna preparación. Lograr que la población vuelva a creer en la clase política – si alguna vez creyó – y en los partidos, es difícil, pero no imposible.

Si algo está claro, es que la institucionalidad no puede concebirse en función de las personas, aunque requiera de ellas. Si esa fuera la lógica, buena parte de la institucionalidad pública y privada del país tendría que desaparecer. Son los costos de la democracia representativa, o ¿nos resignamos a que ésta ha fracasado en el Perú y volvemos a la democracia directa? Eso es más que absurdo.

Cuando el sentir ciudadano no llega al Congreso, se produce un distanciamiento peligroso que desgasta inexorablemente el prestigio de la propia institución parlamentaria, lo debilita y pone en riesgo la democracia misma.

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