Mañana, 3 de noviembre, se inicia el debate en la Comisión de Constitución de la Ley de Reforma Constitucional que permitiría el retorno de la bicameralidad en el Perú.

El proyecto de ley implica la reforma de 65 artículos constitucionales.

La nueva cámara de senadores estaría compuesta por 60 integrantes, elegidos la mitad por Distrito Electoral Único y la otra mitad por Distrito Electoral Múltiple.

La cámara de diputados, mientras tanto, se quedará con las 130 curules del actual Parlamento. Según el proyecto, el Senado no irrogará mayor presupuesto a las arcas públicas.

El diseño esbozado permite, como ocurría antes del autogolpe de 1992, que los candidatos al Senado lo puedan ser en simultáneo a la Presidencia de la República. En caso de ganar la segunda, la renuncia al primero es automática.

Para ser electo senador basta ser peruano de nacimiento y tener como mínimo 35 años. Nada más, ni experiencia profesional ni títulos superiores. En los últimos días el constitucionalista Alberto Borea, impulsor del retorno a la bicameralidad, propuso la edad mínima de 40 años.

Ahora que acaba de ser aprobada la segunda moción de vacancia contra el presidente de la República Martín Vizcarra, cabe proyectar cómo sería encarada una situación similar con un Senado.

Las características reflexivas de una cámara alta pueden evaluarse, en el proyecto, en el procedimiento para vacar al presidente de la República por su “permanente incapacidad moral o física”. Es una medida que deberá ser aprobada, primero, por la cámara baja y luego ratificada por el Senado. En ambos casos se requerirá de mayoría calificada superior a los dos tercios de las instancias parlamentarias. En ese sentido recuerda un ejemplo reciente como el del “impeachment” que sorteó Donald Trump en Estados Unidos.

Adicionalmente, en caso se produjera la incapacidad temporal del presidente, será declarada por el Senado, con la votación mínima de la mitad más uno.

Ambas cámaras legislarán, pero el Senado aprobará con mayoría simple los tratados internacionales que versen sobre Derechos Humanos; Soberanía, Dominio o Integridad del Estado; Defensa Nacional; y Obligaciones Financieras del Estado.

Si bien una posible vacancia presidencial, ahora tristemente convertida a un rubro cotidiano, será determinada por los senadores, son los diputados los encargados de censurar a los ministros, en condiciones análogas a las de hoy.

Si los diputados censuran a dos gabinetes, el presidente de la República quedará facultado para disolver la cámara baja y convocar en máximo cuatro meses a nuevas elecciones de diputados que completarán el mandato. Pero, ojo, el Senado no se disuelve.

El proyecto de ley también elimina el voto de confianza a los nuevos gabinetes. Los nuevos primeros ministros seguirán exponiendo sus políticas de gobierno ante la cámara de diputados, pero ya no tendrán que recibir un voto de confianza para continuar en el cargo.

Se plantea que el 29 de diciembre de 2022 juren los 60 senadores que serán elegido en simultáneo con las elecciones municipales y regionales, mientras que el parlamento elegido en abrir próximo se convertirá en la primera cámara de diputados.

El mandato legislativo de las dos nuevas cámaras se cumplirá el 26 de julio del 2026 y de allí en adelante las elecciones generales estarán de nuevo alineadas. Cabe preguntarse si en este debate se introduce la posibilidad de renovación por mitades o tercios, lo que reflejaría el cambio en la balanza de poderes que puede observarse en estos quinquenios de rápida erosión.

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