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“Trabajemos siempre para nuestra patria poniendo Voluntad,  no incertidumbre; Método, no desorden; Disciplina, no caos; Constancia, no improvisación; Firmeza, no blandura; Magnanimidad, no condescendencia; Honestidad, no corrupción, ni impunidad”.

Las elecciones democráticas no son una cura invariable para la corrupción. Por el contrario, algunos sistemas electorales son más vulnerables a la influencia de intereses especiales que otros. Cuando grupos que tienen intereses propios ejercen el poder, unos utilizan medios y otros corruptos.

En todas las democracias, unas elecciones limpias limitan la corrupción, porque los candidatos de la oposición tienen un aliciente para denunciar a los candidatos corruptos que ocuparon el poder en la anterior legislatura.

Sin embargo, la necesidad de financiar las campañas políticas introduce nuevos alicientes para favorecer intereses especiales. Esos alicientes son poderosos si las campañas electorales conceden favores individualizados a los votantes, es decir, si los políticos sobornan a los votantes.

Las contribuciones ilegales a las campañas y el soborno de los políticos socavan los sistemas democráticos, como ocurre en nuestros países de la Región. Aunque los  pagos de las personas y empresas poderosas beneficien a los comités de campaña y a los propios políticos, es grande el impacto distorsionador de lo que a menudo ocurre, como que viene ocurriendo, en el sentido que los pagos se efectúan para obtener favores legislativos o ejecutivos.

Su efectividad, sin embargo, depende la organización de los procesos electorales generales. Las empresas y los corruptos se centrarán en obtener favores específicos, las elecciones no son suficientes para verificar los pagos secretos y los ilegales.

Son necesarios medios de vigilancia pública para que el gobierno responda ante los electores. Los gobiernos democráticos deben establecer políticas explícitas que limiten los alicientes a la corrupción y la ciudadanía debe ejercer un rol de control social preventivo que demande del gobierno y del sistema electoral, mecanismos que tiendan a evitar como lo ocurrido en la disolución del Congreso en el Perú. La transparencia se debe imponer.

Existen tres dimensiones fundamentales para determinar la incidencia de la corrupción política, ya que afectan la disponibilidad de los políticos para aceptar sobornos y financiación ilegal de sus campañas electorales, la tolerancia de los votantes a dichos pagos y la voluntad de pagar de los grupos económicamente poderosos.

La primera dimensión es la existencia de favores centrados en pocas personas a disposición de los políticos. La segunda es la capacidad de los grupos económicamente poderosos para obtener estos beneficios legalmente. La tercera es la estabilidad temporal de las alianzas políticas.

La inestabilidad puede surgir de la lucha por el botín del cargo, pero los gobiernos en las sociedades ideológicamente divididas pueden también ser inestables. La inestabilidad puede inducir tanto a los políticos como a los grupos económicos a obtener el máximo de ganancias privadas a corto plazo.

Las campañas de educación cívica deben ser permanentemente promovidas tanto por los organismos de integridad del sector público como por los gremios empresariales y sociales, universidades y medios de comunicación, que contribuyan a educar a los votantes para exigir beneficios públicos del sistema político, y no favores personales. Esto podría hacer que la corrupción parezca la única opción para grupos limitados, pero convierte la aceptación de pagos ilegales en una estrategia arriesgada para un político de carrera.

Más allá del enfoque jurídico y administrativo que se le de a la gobernabilidad y a la transparencia, se entender que éstos son instrumentos ciudadanos y que la ciudadanía imponga un nuevo escenario de denuncias, que se sitúen en contextos que admitan una nueva generación de reformas legales que incluyan roles en la participación real de los Estados.

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