La condena impuesta a Humberto Acuña, incluye una inhabilitación por tres años a cargos públicos.

No lo conozco en persona, y evidentemente no tengo nada contra él, pero me sorprende que el Congresista Humberto Acuña, con una condena confirmada como cómplice en el pago de un soborno, se mantenga en el Congreso.

Lo lamento porque aparentemente lo sostiene en su cargo una tinterillada, además errada por completo en su contenido.  Ocurre que el artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que un congresista debe ser reemplazado por un accesitario en caso haya “sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de un delito doloso”.  Sobre esta base he escuchado decir que el reemplazo no procede en el caso del señor Acuña porque la pena impuesta no es efectiva, sino que ha quedado suspendida, y no está firme porque pende aún de un pedido de casación.

Esto es un error.  La condena impuesta al señor Acuña incluye una inhabilitación por tres años a cargos públicos.  La inhabilitación es efectiva por lo menos desde que la condena se pronuncia en segunda instancia.  No se suspende por un pedido de casación (artículo 412 del Código Procesal Penal), ni siquiera atendiendo a que la sentencia de casación puede eventualmente reponer la capacidad del inhabilitado. Literalmente, el inhabilitado que pide a la Corte Suprema casar su condena está inhabilitado temporalmente.

La cuestión no se resuelve entonces por la forma de su condena a perder la libertad.  Se resuelve por la prevalencia de la inhabilitación.

El artículo 25 del Reglamento del Congreso no reguló la forma de ejecutar una inhabilitación temporal impuesta por el judicial.  Reguló la suspensión por antejuicio político, y dispuso para ella el llamamiento al accesitario “mientras estas situaciones duren”.   Sin embargo, el artículo 16 dispone, en su texto expreso y claro, que las inmunidades de los congresistas no los protegen “respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección”, procesos que, concluye el texto “no se paralizan ni suspenden”.

Cuando se trata de leyes el vacío no existe, salvo que nos aferremos a la fantasía de construirlo. Cuando se trata de casos penales por hechos anteriores a la elección, los congresistas deben ser tratados como simples ciudadanos, y el Congreso apenas como su empleador actual.  En este caso no hay entonces ningún vacío en el reglamento.  Basta que el judicial notifique al empleador actual del señor Acuña (el Congreso) que él está inhabilitado provisionalmente (salvo que la casación sea desestimada, en cuyo caso la inhabilitación será definitiva aunque temporal) por tres años.  Dentro de los tres años que se cuentan desde que la condena fue ratificada (por lo menos) el señor Acuña no puede ejercer cargos públicos.  Y en estos aspectos, por disposición del artículo 16 del reglamento del Congreso, el Congreso no puede hacer nada distinto a acatar la orden y reconocer que está inhabilitado para desarrollar labores parlamentarias.

El accesitario puede ser llamado a reemplazarlo, aunque no haya regla en el Reglamento para hacerlo, porque para esto funciona la llamada “analogía”:  Si se puede llamar al accesitario en caso de suspensión debe podérselo llamar en caso de inhabilitación judicial provisional.  Pero este es, por cierto, un asunto distinto.

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Abogado especialista en Derecho Penal.

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