Estamos discutiendo colectivamente de nuevo el acuerdo principal de esta historia.  Silvana Carrión está ahora ya completamente a cargo de la Procuraduría de este caso y eso me impedirá hacer nuevos comentarios sobre las evoluciones que seguirán en este proceso.  Silvana fue abogada asociada en la firma que dirijo, y eso, desde mi punto de vista constituye un límite que no pienso traspasar tanto para hacer comentarios en estos asuntos como para seguir interviniendo en los muy pocos en los que hasta ahora había venido interviniendo.

Pero no infrinjo esta nueva limitación si recuerdo la agenda que quedó pendiente:

  1. El Estado no tiene un acuerdo sino tres, aunque tengan diferente forma. Por el primero, firmado en tiempos de Hamilton Castro, el Estado recibió US$ 8 millones iniciales como muestra de su disposición a cooperar. Por el segundo recibió US$ 20 por el caso de la carretera Chacas.  El de los S/ 640 millones más intereses (aproximadamente US$ 230 millones) es entonces el tercero.

  • Nuevo acuerdo con Procuraduría recupera terreno perdido por pago de Chaglla.
  1. El Estado perdió cualquier cosa semejante a una garantía por el cronograma verdaderamente significativo cuando aceptó liberar a favor de Odebrecht el saldo teórico de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. Fueron S/ 524 millones o US$ 159 millones; más de los S/ 440 millones o US$ 133 millones que Odebrecht aceptó pagar a la Sunat por deuda exigible tributaria al momento del acuerdo. La recuperación del equilibrio podría lograrse en base a las condiciones del nuevo fideicomiso que se acaba de anunciar esta semana.  El debate sobre su alcance tendrá que hacerse en atención a los flujos que logre obtener y su relación con las cuotas de pago anual del acuerdo.

  • Infiltración en la política y caso Gasoducto también deberían merecer reparaciones.
  1. Los casos cubiertos hasta este momento, en términos de reparaciones, incluyen la carretera Chacas, el Metro, las IIRSA, la Vía Evitamiento del Cuzco y la Vía Expresa Callao. Las investigaciones de la fiscalía han avanzado sin embargo lo suficiente para dejar en evidencia que Odebrecht debe ya al Estado una reparación por los casi US$10 millones filtrados en la política. El caso San José de Sisa, aunque de menor envergadura, parece también haber avanzado suficiente para merecer una reparación.  La Fiscalía, en el caso del Gasoducto ha avanzado además en un esquema, que si bien no deja de tener puntos discutibles (como el ir involucrando de manera expansiva a los ministros de la época) muestra un posible esquema de influencias desplegado por la señora Heredia en el caso del Gasoducto del Sur.  Segundo caso que aún no ha sido objeto de una reparación.  Y quizá el caso Olmos, sobre el que la información abierta es aun relativamente menor, merezca agregarse en una lista complementaria que aún puede incrementar el volumen total de reparaciones pactadas.
  • Capítulo no cerrado por demanda de ODB sobre Gasoducto fue infracción a reglas de     negociación.
  1. A principios de este año, el anuncio de la demanda que Odebrecht presentó ante el CIADI por el caso del Gasoducto abrió un capítulo que la pandemia dejó abierto. La demanda contiene un reclamo por US$ 1,200 millones. Dijimos en aquella discusión que la demanda no debe prosperar porque el marco general del comportamiento de Odebrecht sobre el proyecto alcanza de sobra para considerarlo corrupto, independientemente de las reglas del derecho penal que apliquen al caso.  Si la demanda prosperara, de hecho, generaría un desequilibrio imposible de estabilizar frente al acuerdo.  Sostuve además que la presentación de la demanda representó un momento más que discutible en el respeto a los deberes de revelación de hechos de importancia que acompañó a la negociación del acuerdo de los S/ 640 millones más intereses.  Odebrecht ocultó que preparaba la demanda y eso constituye desde mi punto de vista una infracción a las reglas de la negociación.  Aquí entonces un capítulo que, entiendo, aún debe cerrarse.

  • A pesar de evidencia contra “lavador” Gonzalo Monteverde, ODB no enfrenta todavía     caso de lavado de activos.
  1. Mientras comenté estos casos insistí además, y lo haré nuevamente ahora, que la historia de estos casos incluye una llave final que aún no se ha despejado. En las revelaciones de diciembre de 2016, cuando Odebrecht decía haber pagado en el Perú sobornos por US$ 29 millones (la contabilidad abierta se aproxima ya a los US$ 80 millones), decía además que había obtenido US$ 143 millones en ganancias ilícitas en el Perú.  Los números originales de las revelaciones de diciembre de 2016 siempre me parecieron sugestivos:  US$ 29 millones es una cantidad muy cercana a la que se atribuye haber hecho circular a Gonzalo Monteverde, acaso el manejador de cuentas de Odebrecht mejor identificado por la prensa nacional.  Y US$ 143 millones es una cantidad sugestivamente semejante a los S/440 millones que la SUNAT registró como listos para ser cobrados a la empresa casi desde el inicio de este proceso.

Cierro entonces estas líneas notando que aún falta que Odebrecht confirme cómo construyó sus cifras iniciales.  Aún no sabemos si los US$ 143 millones originales de las llamadas “ganancias ilícitas obtenidas” eran en verdad la pista de fondos retirados del sistema financiero nacional a través de fraudes y simulaciones que podrían servir de base para construir en su contra un caso por lavar activos que, no puedo dejar de notarlo, no existe aún.  Tenemos pendiente sin duda muy importantes debates sobre si casos como los de la pareja Humala Heredia o Keiko Fujimori superarán en juicio los requerimientos de las reglas sobre lavado de activos.  Pero en perspectiva a encarar correctamente ese debate ¿no debemos confirmar o descartar si en verdad Odebrecht lavó activos?

Bien.  El turno es ahora de la Procuraduría.

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