El viernes pasado finalmente se aprobó en el Congreso, y con una contundente mayoría de 114 votos, el texto del proyecto de ley consensuado para reprogramar créditos bancarios. Según especialistas, lo más importante fue conjurar la amenaza de poner topes a las tasas de interés, lo que habría puesto al país en una posición estatista. Adicionalmente, se afinaron los requisitos para acceder a un programa de garantías bancarias que pueden comprometer hasta S/.5500 millones del tesoro público. Entre ellos, los montos de deudas -que no excederán los S/.10 mil en créditos de consumo y S/.250 mil en hipotecas- y el establecimiento del buen récord crediticio pre-pandemia para quienes accedan al programa.

Hoy, lunes 5, voceros del MEF y el Congreso cantan las aleluyas de la ley aprobada y cifran en más de 7 millones los potenciales beneficiarios. Habrá que ver, sobre todo si se toma en cuenta que en julio la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ya había anunciado que por entonces se habían reprogramado más de 9 millones de créditos en virtud de las disposiciones impulsadas por esa institución apenas se impusieron las medidas de cuarentena.

El efecto, entonces, está verdaderamente por verse. Pero vuelve a llamar la atención sobre el diseño de las políticas públicas en uno de los momentos más dramáticos de la historia global reciente. En este último episodio, el Ejecutivo terminó por contemporizar con el Congreso y negociar una salida que suprime los efectos más nocivos de la propuesta original. Pero tampoco quedan claras su justificación y utilidad.

Por ejemplo, un economista como el ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sostiene que es momento de cambiar el enfoque y, en todo caso, poner más plata directamente en manos de la población. Para el caso de las deudas bancarias, explicó, lo más lógico era darle a la ciudadanía vulnerable la capacidad de decidir qué créditos preferían pagar y entregarles directamente la plata. Y así además ayudar a impulsar una demanda interna que no sale del hueco.

El impacto de una medida como Reactiva Perú, por el otro lado, ha sido fundamental para inyectarle liquidez a alrededor de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Pero, como reitera Thorne, recién sabremos en los próximos meses la magnitud del gigantesco impacto económico de la pandemia en el aparato productivo del país, cuando las cifras sobre reestructuraciones y quiebras se pongan en evidencia.

Estas previsibles consecuencias, considera Thorne, hacen cada vez más necesario el enfoque de atender directamente a un trabajador que va a tener al frente un ecosistema económico transformado, incluso de mayor movilidad laboral al que nos habíamos acostumbrado.

Si todo ello se ubica en el contexto de la informalidad prevaleciente en el Perú -que ha sido determinante para agravar el azote de la pandemia entre una población que no tenía los incentivos ni la posibilidad de quedarse en casa-, se hace más urgente la necesidad de una campaña electoral que tenga en el centro del debate las propuestas para reducirla.

Hasta ahora la única informalidad que asoma es la del sistema político.

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