La primera idea que he tratado de remarcar en estos dos días supone reconocer que el debate sobre detenciones preliminares no puede organizarse como si se tratara de prisiones preventivas. Llevamos por cierto meses discutiendo si estamos usando correctamente las prisiones preventivas o si nos excedemos al usarlas. Pero, aun así, las detenciones preliminares tienen por definición controles judiciales menos estrictos que las prisiones preventivas. Noten que se adoptan sin audiencia a la defensa y que su extensión en el tiempo es significativamente corta.

De hecho, probablemente el caso Swing es uno de los menos apropiados para discutir sus límites. Las conspiraciones, los juegos de presiones y los intercambios de discursos y roles han estado sobre la mesa desde que las investigaciones empezaron a rozar las puertas de palacio de gobierno.

El caso se mueve en un clima de presiones e interferencias que posiblemente puedan reflejarse en la entidad de los intereses que están en juego (curiosa, insisto, la sugestiva desproporción entre lo que está en juego y el tipo de caso en que se producen los riesgos).

En ese marco, las detenciones preliminares multiplican los dilemas, pero también las incertidumbres. La Fiscalía ha obtenido autorización de un juez para tener a los principales personajes de este caso bajo detención por siete días. ¿Podrían haberlos incomunicado de otra forma? Siempre hay opciones teóricas. Pero en nuestro medio seguimos retrasando la introducción al sistema de grilletes electrónicos que permitirían ensayar esquemas de incomunicación en domicilios.  Además, al otro lado de la mesa podrían estar el presidente de la República y acaso el propio Congresista Alarcón. Demasiados personajes para no notar cuán particular es esta escena.

Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno.
Richard Cisneros, investigado por sus contratos con el Estado.
Karem Roca, exsecretaria personal del presidente Vizcarra.

Aunque no esté en el texto expreso de la línea de discurso de la Fiscalía, creo que el fin práctico buscado consiste en crear un ambiente en que alguno de los detenidos, o todos, cuenten, en el aislamiento que crea la detención, las historias que no están siendo contadas.

La Fiscalía enfrenta un enorme riesgo. Pero si obtiene revelaciones confiables habrá cerrado la historia y nos la podrá entregar. Veo difícil que las críticas por exceso se sostengan si el procedimiento produce resultados. Pero, ¿qué ocurrirá si la Fiscalía no logra esto? ¿Qué pasa si los detenidos, todos o algunos, deciden mantenerse en silencio, o simplemente no declarar? ¿Tiene la fiscalía un plan de contingencia para este caso?

La medida adoptada es extrema. La Fiscalía ha sacado en este caso su artillería pesada. ¿Alcanzará el objetivo que parece haberse trazado? ¿Decidiremos, como país, después de esta escena, aceptar que la Fiscalía use los procedimientos judiciales de esta manera?

Tenemos esta semana para despejar incertidumbres.  Pero hay aquí mucho en juego. Está sobre la mesa la posibilidad de cerrar las incógnitas que encierra esta absurda historia.  Pero también el riesgo de un fiasco. La Fiscalía ha obtenido de un juez de la República siete días de licencia para intentar cerrar esta historia en base a un movimiento sumamente drástico. ¿Podrá hacerlo?

Manténganse atentos a sus relojes. El que podría ser el tiempo final de esta historia está corriendo ahora mismo.

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