Diez fiscales anticorrupción, diez peritos del Ministerio Público y sesenta efectivos de la División de Alta Complejidad (DIVIAC) participan desde esta madrugada en los operativos de detención preliminar de Richard “Swing” Cisneros, Mirian Morales, Karem Roca, Óscar Vásquez y otros seis funcionarios.

La medida judicial fue otorgada a la fiscal provincial Janny Sánchez en el marco de la investigación preliminar por collusion agravada y negociación incompatible por la contratación del estrafalario cantante Swing como proveedor del Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020, por lo que se emitieron órdenes de servicio por un total de S/ 175,400.

La fiscal sostiene que, además de las irregularidades en las contrataciones, los investigados representan peligro de obstaculización y de fuga, y, según comunicado de la Fiscalía, “tendrían contactos de alto nivel que podrían entorpecer la investigación preliminar en su contra, más aún, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder politico”.

La hipótesis fiscal establece que Swing fue contratado “como resultado de sus contactos y tratativas previas desde el Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura”.

Morales fue hasta hace pocos días secretaria general de Palacio de Gobierno. Roca, la secretaria personal del presidente Martín Vizcarra. Vásquez, asesor de Comunicaciones del mandatario. Los tres tienen cercanos vínculos con Vizcarra que vienen de varios años atrás, desde el poder moqueaguano.

Como se ha convertido en el uso y costumbre de la política-penal peruana, la detención preliminar de siete días es la antesala de otra prisión preventiva de seis meses. Y de ahí para adelante.

Durante los últimos años, el Ministerio Público se ha convertido en el actor central de la política peruana. Keiko Fujimori no parecía enterada de estar cometiendo suicidio politico al momento de promover enfermizamente la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí se abrió la Caja de Pandora y comenzó su Waterloo y el de buena parte de la clase política.

La indignación por los escándalos de corrupción -unos presuntos, otros evidentes- y el vacío del poder le abrieron a un sector del Ministerio Público la cancha para entrar con todo. Si a ello se añade la crisis larvada del Poder Judicial, que permitió el ascenso de magistrados tan grotescos como Walter Ríos y César Hinostroza, el espíritu del quinquenio que termina por entender mejor.

Uno de los principales beneficiados con esta puesta en escena fue Martín Vizcarra. O eso parecía. Porque ahora ese signo de los tiempos toca a su puerta. Los fiscales empoderados van por él.

Y aceptemos que en el equipo Lava Jato no son muy permeables a las críticas sobre el abuso de la figura de la prisión preventiva, como bien lo sabemos algunos periodistas. Hoy lo que debería ser la excepción es la norma. La fiscal Sánchez lo sabe y lo aplica, sobre todo si en el horizonte se avizora el premio mayor.

¿Y qué significa en este caso como ha ocurrido con tantos otros? Se trata de una herramienta para llegar al más poderoso mediante la figura de la colaboración eficaz. Aquí está metida la mitad del entorno del presidente, seguramente aterrorizada por la posibilidad cierta de pasar una buena temporada a la sombra. No hay que leer partituras para saber que van a cantar el aria completa, en do de pecho y con todas las florituras necesarias para irse a su casa.

Este caso, aunque bullanguero, debía haber sido tan chiquito como la mascarilla de Richard Swing. Ahora Vizcarra, que acaba de sobrevivir a un intento de vacancia, debe prepararse para la segunda ola de la pandemia política.

Deja un comentario