Foto: AP Photo, M. Mejía

Exactamente un año después de la disolución del Congreso, el presidente Martín Vizcarra ha explicado que la decisión no fue una herramienta para controlar las instituciones. Subrayó que el actual Parlamento no es favorable al Ejecutivo y que por primera vez en 20 años no le otorgó el voto de confianza a un Consejo de Ministros. Añadió que su única alianza ha sido “con el pueblo, con ustedes”.

Más allá del acento populista con el que Vizcarra evalúa este episodio, el razonamiento refleja el nivel actual de la política peruana.

Vizcarra omite aceptar su gran error y responsabilidad, que fue la de no presentar una lista parlamentaria en momentos en los que su popularidad flotaba como un dirigible. Fue elegido como invitado en la plancha presidencial y no contaba con respaldo en el Congreso. Rechazar la oportunidad de controlarlo o al menos influir en él de manera definitoria no es un motivo de orgullo, como lo pretende transmitir hoy, sino un síntoma de impericia política.

Resulta risible reducir la política a expresiones de humildad y de carencia de ambición. Porque si a este Congreso le agarraba la calentura lo hubieran vacado hace algunos días. Y se sometió a esa posibilidad cierta por no tener bancadas. La atomización del poder y de la estructura parlamentaria convierte la negociación política en una pelea de chavetas donde los congresistas no tienen que responder siquiera a una dirigencia partidaria. ¿Y entonces por qué debían hacerlo los candidatos presidenciales que escogen partido según la elección?

La crítica que le hacen a Vizcarra sobre la calidad del Congreso -“si este es peor para que cerró el anterior”- no es del todo válida, porque la lección del cuento debe sacarse en realidad con los dos Congresos al frente. Y la respuesta -parcial, cierto- debe elaborarse con los dos deficientes Parlamentos del quinquenio 2016-2021 a la vista. Construir una mayoría es una tarea del Ejecutivo, no un motivo de deshonra. Confiar en que tendremos un Congreso de mayor calidad a partir de las reformas políticas parciales realizadas hasta ahora es un muy buen deseo. Pero sigue siendo eso, un deseo.

El primer aniversario de la disolución se sitúa en momentos en los que se apura el proceso para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y ahí está el otro truco del almendruco.

El Congreso anterior pisó el palito a la hora de correr con el TC. Vieron en el primo del ex presidente del Congreso la posibilidad de inclinar la balanza del máximo ente de interpretación constitucional. Vizcarra reaccionó con astucia y cayeron, que es lo que ocurre cuando la soberbia le nubla la visión del paisaje al poder. Luego, el TC vigente determinó que la disolución del Congreso había sido constitucional.

Con un Congreso unicameral, que de la adolescencia problemática retrocede a las pataletas de la primera infancia, el TC ha cumplido el papel de un Senado reflexivo que, cuando es necesario, le baja los humos tanto al hemiciclo de Abancay como a Palacio de Gobierno.

La tentación de controlar al Tribunal siempre es grande y ahí pesan razones políticas y -crucialmente- de intereses económicos. Las advertencias de algunos congresistas y juristas sobre lo atropellado del proceso deben poner en guardia a la opinión pública. La crisis institucional no terminó hace un año, ni cuando Vizcarra salvó su cabeza en este otro septiembre de antología.

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