Foto: Perú 21

En un post publicado ayer por la mañana comenté las noticias más recientes sobre los incidentes que se están registrando en las fiscalías a cargo de los casos de la mafia del Callao, llamada “los cuellos blancos”.

Hay dos versiones sobre las razones por las que se está fracturando lo que debería ser un equipo unido, o al menos suficientemente coordinado, que está a cargo de uno de los dos casos más importantes de corrupción de este periodo. Ambas versiones han llegado hoy a la prensa, de la mano de dos de nuestros más importantes periodistas de investigación, Ángel Páez y Ricardo Uceda.

Que se hayan publicado el mismo día, y en el mismo medio, el diario La República, no deja de ser sugestivo. Muestra hasta qué punto esta controversia está escalando desde dentro del Ministerio Público y pone en evidencia también cuan urgente es resolverla de inmediato.

Las versiones que comento son por cierto contradictorias una con la otra.  n una de ellas, que recoge Ángel Páez, el problema tiene que ver con una serie de retrasos atribuidos a la fiscal Sánchez en la atención a requerimientos de información que vienen de otros despachos involucrados en este caso. El volumen de requerimientos no atendidos que registra Ángel es por cierto abrumador, 48. Más allá de algunos detalles, la cifra puede poner en evidencia que la fiscal Sánchez esté rebasada por un problema en el manejo de la enorme cantidad de información que tiene entre manos. O profundamente desconfiada de posibles filtraciones de datos. O como dijo ella misma, abrumada por algunos requerimientos que no parecen tener mayor sentido, como la apertura de sus correos electrónicos. Si este fuera el caso no sería la primera ni la última fiscalía ahogada por excesos de asuntos por atender, por pedidos que pueden evitarse o por la desconfianza, que también se aprende en estos casos. Sin embargo, en esta versión los retrasos habrían generado más que incomodidad en el entorno de estas fiscalías.

En la otra versión, que recoge Ricardo, lo que hay en el Ministerio Público no es simple incomodidad, sino una situación que él llega a calificar como un caso de abierto abuso de poder. Ricardo explica la escena como un intento dirigido a abrumar a la fiscal Sánchez, que sólo estaría aún en su puesto por la defensa que ha hecho de su posición en los medios de comunicación.

El ambiente por cierto se enrarece aún más cuando la escena se combina con los rumores, porque hasta ahora no veo más que rumores, que intentan relacionar a la fiscal de la nación con el presidente Vizcarra. La estratagema se supone organizada para atacar al congresista Alarcón, contra el que ayer se iniciaron en el Congreso dos investigaciones solicitadas por ella. La señora Karem Rojas, uno de los personajes de la historia del caso Richard Swing, parece haberse grabado a si misma afirmando que la historia de esta conspiración es real. El relato de esta escena incluye posibles acercamientos entre la señora Karem Rojas, con el congresista Alarcón, que ha sostenido ayer que las investigaciones abiertas en su contra son una escena más de lo que ha llamado “un acoso judicial”. Una parte del caso Richard Swing, la que se dirige a reconstruir el papel del presidente Vizcarra, está en manos de la fiscal de la nación. Por eso creo que ha sido una pésima idea que su despacho haya anunciado que querellaría a la señora Karem Rojas por haberse grabado a sí misma (si es lo que hizo) confirmando la tesis de la conspiración contra el congresista Alarcón.

De hecho, el anuncio ha hecho que el Procurador Enco solicite su inhibición. Imposible negar que el pedido tiene sentido. Desde más de un punto de vista el anuncio de la querella, nos guste o no, pone a la fiscal de la nación fuera del espacio de equilibrio que requiere la conducción de un caso de esta importancia.

En el medio de esta superposición de planos e intereses, ayudó hace algunos días que la fiscal de la nación apareciera en el programa de Mávila Huertas en Canal N despejando los cargos más graves que se le han hecho últimamente. Hace una semana un reportaje de Ricardo Uceda sostuvo que su ascenso como fiscal suprema, registrado en el año 2013, podía haber sido logrado alterando sus calificaciones. Alarmante, porque uno de los cargos más serios contra el fiscal supremo Chávarry, ahora suspendido, se relaciona con una maniobra de este tipo. En su presentación, la actual Fiscal de la Nación mostró sus notas y puso en evidencia que la información que tenía Ricardo era incorrecta. Ricardo no ha regresado sobre este punto en la última nota que ha publicado, de manera que el incidente puede considerarse cerrado, y cerrado de la manera correcta: Hay casos en los que a una denuncia sigue una aclaración, y nadie tiene porqué calificar a nadie cuando las cosas se estabilizan de esta manera.

Pero entonces reparemos en el esquema, porque la entrevista ofrecida la semana pasada por la fiscal de la nación muestra una pauta que merece tomarse como protocolo en el manejo de crisis institucionales que merecen y pueden ser resueltas:  Una confusión se desenreda abriendo la información que la genera con transparencia. En asuntos de este tipo la comunicación pública no sólo es importante, es confirmativa.

Producida una crisis como esta, aclarar la información que produce los entuertos es entonces decisivo. Sea cual sea el tamaño de la incomodidad que pueda haber generado el incidente de los 48 reportes sin contestar, lo que parece necesario resolver es la forma en que se producen las comunicaciones al interior del colectivo de fiscales relacionados con el avance de casos que, este debe ser el objetivo, no deben detenerse. Tal vez sea cierto que una parte, grande o no de esos 48 pedidos deba retirarse. Pero el incidente pone en evidencia, dicho con el mayor respeto, que el colectivo de fiscales que tienen en sus manos estas complejas historias no ha logrado establecer ni siquiera de lejos un liderazgo semejante al que muestra el fiscal Vela en la coordinación de los casos Lavajato. Bien. La fluidez de la comunicación dentro del Ministerio Público es siempre un subproducto del liderazgo, de modo que negar que aquí existe un problema de organización y métodos sería negar lo evidente.

El anuncio de la querella de la fiscal de la nación contra Karem Rojas ha sido un error.  Como fue un error, no más y no menos que eso, que la fiscal Rocío Sánchez se permita moverse con la confianza o soltura que muestra la conversión con el abogado Salcedo, vinculado al partido morado, que Panorama difundió hace unas semanas. Pero los errores, mientras sean solo errores, abren espacios para explicaciones, disculpas y cambios. Forman incidentes que debemos aprender a afrontar responsablemente, que debemos aprender a resolver en marcos de reacción basados en el reconocimiento de las consecuencias de nuestro propio comportamiento

Una situación como esta se resuelve con cambios internos que sin embargo conserven a quienes investigan, especialmente cuando quienes investigan han ocupado un papel decisivo en la historia de los casos a su cargo. La fiscal Sánchez es una de estas investigadoras, por lo que encuentro que no puede ser separada de ese equipo. Pero si encuentro que el Ministerio Público debe crear nuevas formas de resolver impasses como los provocados por los 48 informes acumulados o el pedido de inhibición del procurador Enco.

Una situación como esta merece además un ejercicio abierto de comunicación pública, de modo que creo que tenemos derecho a esperar que la fiscal de la nación, ella, en persona, nos explique a todas y a todos como se estabilizarán las cosas esta vez.

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