Este momento de suma tensión también ofrece una oportunidad.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra la moción de vacancia presidencial que se debatirá y votará mañana, viernes 18.

Al mismo tiempo, el TC rechazó la medida cautelar con la que el gobierno esperaba suspender la sesión de mañana a la espera de la resolución de la cuestión de fondo establecida en la competencial.

De ese modo, sometido al orden constitucional, el presidente Martín Vizcarra se encuentra obligado a ir al Congreso -o a que vaya solo su abogado- a ejercer su defensa. El defensor asignado, Roberto Pereira, tiene experiencia en casos relacionados con la libertad de expresión y es socio del estudio Benites, Vargas & Ugaz. Pereira no ha confirmado si el mandatario lo acompañará pero ha recalcado que se debe respetar tanto la decisión del TC como los fueros parlamentarios.

La perspectiva fatalista, que en el Perú de hoy no es la descabellada, obliga a especular qué pasaría si en las horas que quedan se presenta cualquier audio o vídeo bomba, o de fuegos artificiales como son tantos en retrospectiva, que provoque un nuevo acceso de fiebre en los votos parlamentarios y termine en la tragedia de la vacancia presidencial.

También cabe preguntarse cuál sería la reacción de una parte importante de los congresistas si es que Vizcarra no acude personalmente al Congreso -como sí lo hizo Pedro Pablo Kuczynski la primera vez que lo quisieron vacar, flanqueado por su abogado Alberto Borea- y allí consideran “herida” la majestad parlamentaria. Al fin y al cabo, el razonamiento de algunos congresistas los últimos días consiste en justificar la aprobación de la moción de vacancia porque el presidente se había negado a asistir a la Comisión de Fiscalización.

Si, caso contrario, el presidente decide asistir, sabe el riesgo que corre de meterse en un callejón oscuro digno de estos tiempos. La negativa parlamentaria de considerar la moción de reconsideración presentada por el Partido Morado para detener el proceso de vacancia indica que lo que buscan es, a pesar de todo, que Vizcarra pase por esta ordalía.

Son factores que deben haber sido sopesados por los magistrados del TC Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos para emitir los únicos dos votos por otorgar la cautelar. Tampoco pasó el otro acápite de la demanda, por la que se consideraba aumentar los votos necesarios para vacar al presidente de 87 a 104.

Las declaraciones ofrecidas por la presidenta del TC abren el sentido de oportunidad. Efectivamente, si se concreta la vacancia el país ingresaría en una situación gravísima y de extrema incertidumbre. La resolución de la demanda competencial, que tiene hasta para tres meses más, perdería casi todo su peso ante la lógica de los hechos consumados. El antecedente más cercano es el de la disolución del Congreso, sobre la que hasta los parlamentarios en minoría que la consideraron inconstitucional vieron prácticamente imposible retornar a la situación anterior.

Sin embargo, Ledesma ha reiterado que las declaraciones de los líderes políticos que descartan la posibilidad de vacancia han “diluido” de manera importante la amenaza de la vacancia. La cautelar se otorga para conjurar un peligro inminente de violación de un derecho constitucional. La mayoría del TC ha considerado que esto no ocurre y que por lo tanto no hay necesidad de detener un procedimiento parlamentario en marcha. Puede parecer ingenuo. Pero también podría significar la rama de olivo que el Congreso requería para devolverle al país una semblanza de estabilidad política. Si el sentido común es un bien escaso por estos días, quizá el de supervivencia pueda sacar la cabeza en medio del absurdo.

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