Foto: Presidencia

La regla sobre incapacidad moral entró a nuestras Constituciones en 1839. Se usó en 1914 como antesala de la renuncia de Bilingurst y también en el 2000 para sancionar la fuga de Alberto Fujimori, quien había presentado ya una renuncia que no fue aceptada por el Congreso. Se le volvió a usar como antesala de otra renuncia, la del presidente Kuczynski, en marzo del 2018.

En todos estos casos la regla no ha sido nunca el vehículo directo de la salida de un presidente. Fue la antesala o el punto de llegada de una renuncia. Ninguno de estos casos fue controvertido jamás ante tribunal alguno. Entonces la historia de la regla no tiene antecedentes que formen un respaldo institucional claro sobre su significado.

En el lenguaje del siglo XIX, la “incapacidad moral perpetua” estaba alineada además a la incapacidad física perpetua. La fórmula hacía clara referencia a un estado mental que la entonces joven psiquiatría no había diferenciado con algún nombre propio. Como ha dicho Omar Cairo ayer, la vacancia estaba definida en las constituciones que la han mantenido para regular las consecuencias de cuestiones que de hecho impiden la continuidad de un mandato derivado de las elecciones. La regla no fue escrita jamás como una sanción.  En nuestro derecho actual las sanciones al presidente están casi todas diferidas al final de su mandato. El uso parlamentario de la fórmula no habría podido entonces soportar el escrutinio de una controversia ante tribunales. Pero el debate sobre su significado jamás llegó a los tribunales. Billingurst y Kuczynski, de una manera u otra, renunciaron después de ser emplazados más por el peso de las crisis que enfrentaron que por el peso de la regla. Fujimori ya lo había hecho cuando se usó esa construcción para vacarlo.

Vizcarra ha anunciado que romperá la secuencia: él no renunciará. Ya está dicho que si el Congreso procede, Vizcarra probablemente planteará la primera controversia que llegará a los tribunales sobre el alcance de la vacancia.

¿Puede ganar Vizcarra un caso formal ante el Constitucional? Sí, puede ganar. Los casos de 1914, 2000 y 2018 no tienen manera de vincular al Tribunal Constitucional ni a recortar sus facultades de interpretación. Y en papeles el predominio de la intangibilidad casi absoluta de la presidencia de la República forma un argumento más que fuerte en contra del borroso alcance de la incapacidad moral. No encuentro además que el Congreso tenga tiempo para ensayar el perverso expediente que llevó a la clausura del Congreso anterior; cambiar la conformación del Constitucional para buscar un mejor escenario de litigio. No hay tiempo para ensayar ahora esa vía. No creo que en estas condiciones haya candidatos tampoco apropiados que acepten integrar el Tribunal en estas condiciones.

Pero ¿qué gana Vizcarra si gana ese proceso? Terminar el periodo de 10 meses de gobierno que le quedan. Nosotros, como comunidad, solo ganamos algo si logramos un tejido de compromisos estables que nos permiten un mínimo de gobernabilidad en este periodo. En cualquier caso, en julio del 2021 deberá comenzar el antejuicio por un caso que aún tiene una historia por reconstruir y muchas explicaciones por ensayar. El caso Cisneros contra el presidente, el que comenzará en julio del 2021, un caso por aparente clientelismo puede ser ya iniciado por la fiscalía como investigación preliminar, acepte el presidente declarar o no. El anuncio del antejuicio que deberá iniciar el siguiente Congreso puede ser hecho por este, aunque sea a título simbólico. La sanción moral por el significado de las grabaciones que escuchamos ayer y por la soberbia que exhibió Vizcarra en el mensaje a la nación de anoche pueden encontrar en estos días formas más eficientes de expresión que un caso constitucional que el Congreso está destinado a perder.

Mi impresión es que Vizcarra debió poner sobre la mesa su renuncia e iniciar una rueda de conversaciones que aseguraran que su retiro de la presidencia no provoque el desmoronamiento del gabinete. Después de todo, este no es un caso derivado de un defecto de gestión, sino de una torpeza impresionante derivada del manejo de una historia que aún debe ser reconstruida, pero que parece ser personal. No ha renunciado, pero será llevado a proceso en poco menos de un año. En lugar de entramparnos en un litigio que no agregará nada al sistema institucional (acaso solo la prohibición del uso de la “vacancia moral” como cajón de sastre) necesitamos ahora un acuerdo claro sobre el modo en que llegaremos a julio del 2021.

El problema legal de Vizcarra no es la vacancia. Ese es su mejor escenario de litigio. El problema legal de Vizcarra, nos guste o no, es el impacto del caso Cisneros. Sin duda, un caso que, por su superficialidad, banaliza en absoluto la solidez institucional de la Presidencia de la República.

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