Foto: Andina

Aún no tengo claro hasta qué punto tenga valor simbólico que el primer caso legal en forma originado en la pandemia, pero no relacionado con el control de la pandemia, haya sido el llamado caso swing.

La historia tiene todos los detalles necesarios para ser una muestra de la peor frivolidad imaginable. Fue presentada en un programa de espectáculos. Entiéndase bien. No tengo porqué hacer crítica alguna a los programas de espectáculos en este momento, pero aceptarán conmigo que no es ahí donde suelen originarse los casos de relevancia institucional. La aparición del caso swing en uno de ellos representa entonces la forma en que se ha adelgazado el tejido de lo público. El personaje del caso, Richard Cisneros, es un cantante dedicado a la música popular que no parece tener más relación concreta con la política que la animación de algún evento en la última campaña presidencial.  No quiero ser ofensivo en esto en absoluto con el señor Cisneros, a quien no conozco, pero creo que el doctorado Honoris Causa que ha declarado tener y frases como “he botado a la ministra”, “me han medido el fajín para juramentar” o “yo soy el que manda todo y a todos” parecen corresponder a un caso que debería ser analizado en una especialidad distinta a la mía.

La enorme paradoja, en esto quiero detenerme, es que esta misma evidencia, la evidencia de frivolidad de esta historia, crea un caso legal ridículamente grave en sus consecuencias

¿Quien va a explicarnos bajó qué criterios fue contratado el señor Cisneros para organizar eventos de estimulación laboral para trabajadores del Estado antes que cualquiera de los cientos de psicólogos sociales que se han titulado para el manejo de organizaciones y grupos? Nuestras fiscalías se han esforzado por lograr que la jurisprudencia reconozca y ya reconoce que las situaciones contractuales absurdas indican la posible presencia de un delito. El absurdo del caso swing es extremo, pero por eso mismo indica la presencia de algo más que incorrecto por donde se le mire. La pregunta entonces no es si este es un caso legal.  La pregunta estriba en establecer quien debe responder por esto, en un entorno en el que los cargo más influyentes del sistema institucional son cargos de confianza, cargos que no parecen tener espacio para decir “no” a determinados caprichos o que parecen vulnerables al bluff de quien sostiene que puede asegurar la permanencia o la salida de quien los detenta Entonces ¿quien y exactamente por qué ordenó que se contrate a esta persona para prestar servicios que cientos de profesionales pueden prestar en condiciones razonables?

En las ocho entradas directas que tiene Linkedin (acaso la más importante de las aplicación usuales sobre actividades profesionales), hay un Richard Cisneros (no tiene foto) que se presenta como “propietario de Swing Productions” pero no registra ninguna especialización en marketing político. El señor Cisneros ha dicho sin embargo que logró tener reuiones con importantes personalidades del entorno del presidente para presentar sus propuestas sobre marketing político. No es necesario que recuerde que un presidente de la república tiene a su disposición a las principales agencias de marketing político del medio ¿quién pidió que se escuchara entonces las propuestas del señor Cisneros?

En cuestiones relacionadas con la asignación de fondos públicos, le doy la razón a la fiscalía, el azar no existe, en absoluto. El señor Kuczynski esta en la situación en que se encuentra por no haberse atrevido a contar a tiempo, digamos en enero de 2017, cuales habían sido las relaciones de su socio, Gerardo Sepúlveda, con Odebrecht.  También lo noté: El caso es menos frívolo que este. Pero la matriz parece estarse repitiendo.

Pero la coyuntura debe leerse siguiendo varias cuerdas. Al absurdo capítulo del caso swing siguió una cadena de decisiones extrañas, por llamarles de alguna manera, decisiones en el Congreso:  El caso contra el Magistrado Espinoza y otros sobre la ultima sentencia del Tribunal Constitucional en el caso El Frontón fue vuelto a abrir en desacato a una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba respetar su independencia de criterio.  Una parte del caso contra el fiscal supremo Chávarry, que está siendo investigado por el judicial, fue desestimada mientras el fiscal supremo Gálvez (investigado) denunciaba al fiscal supremo Sánchez (quien lo investiga) más o menos por el hecho de investigarlo. El Congreso aceptó el caso Sánchez y, como ha ocurrido en todo este tiempo, la casi infantil sobre acumulación de tensión generada en esta escena rebotó sobre sus autores o cooperadores: Acción Popular se semi dividió en dos para impulsar una nueva investigación contra el señor Chávarry, promovida por la Fiscal de la Nación, que además presentó cargos contra el señor Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, que poco antes había ofrecido el micrófono de su comisión al señor Cisneros.  Y en el mismo ciclo la Junta Nacional de Justicia ha anunciado abrir el debate sobre la suspensión del señor Gálvez, el fiscal Supremo Sánchez ha anunciado la presentación de sus conclusiones sobre la llamada mafia de los “cuellos blancos”, magistrados acusados de haber tejido una red de corrupción dentro del judicial y del Consejo de la Magistratura, y el judicial anulaba una decisión anterior a la cuarentena que había cerrado uno de los casos más importantes contra el señor Chávarry, el caso del intento de remoción de los fiscales Vela y Pérez al frente del equipo especial, que entonces ahora está abierto nuevamente, cuando se preparan las elecciones del nuevo delegado del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En los últimos días la escena se ha vuelto más compleja a raíz de la discusión sobre las inmunidades. En las elecciones prácticamente todas las bancadas ofrecieron versiones más o menos concurrentes de reforma sobre la inmunidad parlamentaria, en perspectiva a recortarla.  Pero por alguna razón que escapa a mi comprensión la discusión sobre el recorte de la inmunidad parlamentaria terminó convertida en una especie de remedo visceral del “que se vayan todos” de julio del 2018, con un proyecto de reforma constitucional adoptado a salto que eliminaba alas protecciones procesales dispuestas a favor de ministros y presidentes de la república. El sin sentido se ha expresado en la sonora y muy justificada renuncia del grupo más importante de profesores de derecho constitucional y ciencias políticas que formaban la comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso.

Y en un llamado a la prudencia del Consejo de Estado que parece haber puesto paños fríos al impasse.

Sin embargo los cargos que la Fiscalía de la Nación ha presentado contra el ahora congresista Alarcón por inconductas cometidas cuando estuvo en la Contraloría pueden también tener secuelas. El señor Alarcón ha pretendido hace solo unos días que la Fiscal de la Nación ha presentado cargos en su contra sólo porque él investiga el caso Swing.  Con esto parece anunciar que lanzará un caso en contra del Ejecutivo y se unirá al pequeño sector que piensa, creo que sin más fundamentos que su propia imaginación conspirativa, que el Ejecutivo tiene alguna influencia sobre un sector que el Ministerio Público. Yo, en lo personal, no encuentro esas influencias.

Entramos entonces al ciclo en que usualmente se prepara el mensaje presidencial al congreso, el del 28 de julio, con varias incógnitas, que se resumen en el contenido que ofrecerá el informe del Fiscal Sánchez sobre los cuellos blancos, en las decisiones que tomarán el judicial y la Junta Nacional de Justicia ahora que el caso Chávarry ha vuelto a comenzar, en la forma en que se resolverá la pugna por la conformación de la Junta de Fiscales Supremos con ocasión a las elecciones para el Jurado Nacional de Elecciones, que además depende de la situación del fiscal Galvez, y en la forma en que se resolverá el que acaso vuelve a ser el problema más importante en este sector de la actividad pública, el de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que causó el cierre del anterior Congreso y que ahora debería ofrecer un espacio de salida definitiva al impasse generado por la innecesaria cuestión sobre las inmunidades del Ejecutivo. Aunque ese espacio de salida se exprese en un acuerdo por no elegirlos en este momento.

Enorme paradoja. Julio de 2018 contuvo el discurso del referéndum y los cuellos blancos. Julio del 2019 el discurso sobre el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Nos aproximamos ahora a un Julio 2020 post cuarentena. La enorme pregunta por resolver consiste en establecer qué camino marcará esta vez el mensaje.

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