A lo largo de la etapa republicana en el Perú hemos tenido gobiernos militares, dictaduras y pocas etapas democráticas, una de las características de aquellos tiempos era la persecución y tenaz ataque desde el poder a los adversarios políticos, mientras que los acuerdos, alianzas, negociaciones y corruptelas tras bambalinas estuvieron a la orden del día; y por lo visto es así desde los inicios de nuestra vida independiente hasta estos días.
Los recuerdos que tengo respecto del devenir político se remontan a la década de los 80. Durante el gobierno de Belaúnde estudié la primaria en un colegio fiscal en San Juan de Marcona, y la secundaria coincidió con el gobierno de Alan García, recuerdo claramente las clases de educación cívica donde el estudio de la Constitución del 79 era mi acercamiento más próximo a la realidad política del país. Sin embargo, la crisis económica, las colas, la escases de alimentos y productos básicos como el pan, la harina, la leche, el aceite, me hizo entender las consecuencias que arrastra una mala gestión pública en un país donde los más vulnerables son los que más sufren.
En el 90 acabé la secundaria y tuve que dejar aquel puerto iqueño para llegar a Lima con el sueño de hacerme profesional y construir mi futuro en la capital. Como muchos jóvenes provincianos traté de hacerme un lugar en la gran ciudad sin siquiera estar consciente del momento político que vivía el país. Un chinito en su tractor se hizo presidente y se dio por primera vez la tercera transición democrática consecutiva en el Perú, una transición que duró poco hasta que el 5 de abril de 1992 pude ser testigo del autogolpe de Fujimori y el inicio de una dictadura distinta a las que sucedieron en nuestra historia donde los militares fueron los protagonistas.
En la década del 90 enfrentamos una crisis de alimentos, de inflación, del “shock”, de coches bombas, de apagones, de muerte y terror; en medio de todo esto, otra vez la mala gestión pública tuvo graves consecuencias. La corrupción logró instalarse en el seno del aparato público, la política peruana se decidía en una salita del SIN, los militares se sometieron ante los hombres más nefastos para la historia reciente del Perú: Montesinos y Fujimori.
En aquellos años también se inició una persecución a líderes políticos, periodistas y líderes sociales con el propósito de evitar que sus voces y acciones pudieran revelar la podredumbre de un gobierno que claramente afectó la libertad y la incipiente democracia peruana. El dinero en paquetes entregados a los dueños de los principales medios de comunicación, a congresistas de la oposición para que se conviertan al fujimontesinismo; el tráfico de drogas, de armas, la informalidad, la corrupción, el contrabando, el crimen organizado, el grupo colina; y la captura del Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la ONPE, el JNE y hasta el Tribunal Constitucional; son parte del triste legado de aquella década de la que fui víctima y testigo directo como muchos hombres y mujeres que hoy sentimos indignación luego de conocer los audios que la prensa está difundiendo y que revela —de la boca de sus protagonistas— el bodrio en el que han convertido al sistema de justicia, como sucedió con los vladivideos y el politiqueo de aquella época.
Después de la caída de la dictadura de Fujimori entramos en una etapa de transición democrática que felizmente hemos sabido sostener en el tiempo. Vizcarra es el quinto presidente que asume el cargo sin romper el orden constitucional. A pesar de la inestabilidad y debilidad que actualmente existe en los tres poderes del Estado, las reformas y decisiones políticas que se están dando se desarrollan en un marco democrático, y esto es esperanzador, porque —a diferencia de las dictaduras— la libertad de prensa y opinión se han mantenido firmes y fuertes incluso ante varios intentos de controlarla, someterla o callarla.
Está claro que hoy atravesamos una nueva crisis política; está claro que hoy los políticos de turno no dan la talla; está claro que hoy las instituciones de gobierno están corroídas por la corrupción y el tráfico de intereses subalternos; está claro que hoy las autoridades de gobierno a nivel nacional, regional y local no están capacitados para asumir la modernización y reforma del sistema de gobierno, peor aún, la ética y la moral son tan escasos que incluso la población ni siquiera lo toma en cuenta al momento de elegirlos; está claro que hoy los policías, fiscales y jueces no son ninguna garantía de justicia y protección de los derechos fundamentales; está claro que hoy en nuestra sociedad hemos dejado de lado valores esenciales como el respeto, la honestidad y la familia.
Sin embargo, puedo decir que la esperanza de construir un Perú mejor es cada vez más fuerte, porque a pesar de todo lo que vivimos, hoy tenemos libertad. Libertad para expresarnos, libertad para salir a marchar y protestar, libertad para denunciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales, tenemos libertad para trabajar y salir adelante, tenemos libertad para escoger hacer el bien y rechazar el mal. Libertad que hemos recuperado desde la marcha de los cuatro suyos, desde la publicación del primer vladivideo, libertad que permitió que IDL-Reporteros difunda los primeros audios de la corrupción en el CNM y el sistema de justicia hasta lo que conocemos hoy, y seguramente seguiremos conociendo gracias a la libertad de expresión.
Ahora solo falta construir nuevos partidos políticos dispuestos a refundar la política peruana, partidos con una ideología que permita converger a nuevos líderes que deberán asumir la responsabilidad de reformar el Estado, de tecnificar la gestión pública y de luchar sin desmayo para recuperar el tejido social que padece del cáncer de la corrupción y la crisis de valores.
Nuevos líderes que —con sus partidos políticos— deberán garantizar la democracia y sobre todo la libertad que ya hemos alcanzado y que debemos proteger porque es la fuerza que mantiene viva la esperanza de convertirnos en un Perú mejor.