Foto: Andina

En un comunicado de un Sindicato de la SUNAT[1] se indica que el pasado 23 de mayo se reunió en Palacio, el Sr. Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y cuatro centrales sindicales (las mismas que patearon el tablero del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo).

Como siempre, presentaron su mismo pliego de reclamos de los últimos años, aunque lo actualizaron con lo ocurrido con el ISC. Se cuestionó la vigencia de la Ley de Promoción del Sector Agrario y Exportaciones No Tradicionales, pero también se incluyó la negociación colectiva en el Sector Público, quejándose de la “intromisión del MEF con opiniones que violentan la sentencia del TC” (quien no estuvo presente, por lo que no tuvo el “derecho a la defensa”). Sin embargo, en esto último, omitieron varias cosas:

Unas de las principales es que el Tribunal Constitucional señala en dos sentencias[2] la necesidad de que haya una regulación específica para la negociación colectiva en el sector público y que, en dicha regulación, deban desarrollarse tres temas:

1.- La necesidad de establecer las instancias gubernamentales competentes para participar en procesos de negociación, y los límites dentro de los cuales es posible arribar a acuerdos sobre incremento de remuneraciones de los trabajadores públicos.

2.- Las negociaciones colectivas relacionadas con el incremento de salarios deben ser ratificadas, en última instancia, por el Poder Legislativo (principio de legalidad presupuestal).

3.- Los arbitrajes en materia laboral también se sujetan a las disposiciones normativas vigentes, entre las que naturalmente está la Constitución, y en ella las disposiciones referidas a la estabilidad presupuestaria.

Omitieron decir también que, si bien la negociación colectiva en el sector público es un derecho fundamental, la OIT señala que los Convenios números 151 y 154 no imponen una obligación de resultado en la negociación. En la Negociación Colectiva del Sector Público de otros países latinoamericanos no existe la figura de que un privado (árbitros) pueda resolver un pliego de reclamos del sector público y que, además, para algunos laboralistas del Perú en forma desafiante señalen que: “La negociación colectiva rompe el monopolio de emisión de normas por parte del Estado”.

En el caso de los trabajadores de la SUNAT (que estuvieron presentes con un representante en dicha reunión), omitieron decir que es la única entidad que tiene regulada la posibilidad de negociar incrementos (Novena Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29816), pero que por sus “bajos ingresos” están “forzando” llegar a arbitrajes para que, a través de Laudos Arbitrales (eligiendo árbitros de conocida trayectoria académica, pero que se han pronunciado públicamente por el no respeto a las leyes presupuestales), puedan obtener mayores beneficios económicos y condiciones de trabajo, que en algunos caos resultan un tanto excesivas: incrementos, bonificaciones, homologaciones, bono por cierre de pliego (de hasta S/ 15 000 a todos sus afiliados), etc.

[1] https://docs.google.com/document/d/1kF7IxqQpjMMA_ITuSTLtPYPo4k-EzGDf5dK3X6YxODs/edit

[2] STC N° 003-2013, 004-2013 y 023-2013-PI-TC y STC N° 0025-2013-PI-TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PUTC, 0017-2014-PI/TC

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