Foto: La República

En un acto público, en el Congreso de la República, se mencionó el “relanzamiento” del proceso de ratificación del Convenio N°189 de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), referido al Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011). Llama la atención que de 187 países miembros de la OIT sólo 25 hayan ratificado dicho Convenio.

En un país que ya supera el 72% de informalidad y “competimos” por el primer puesto en tener los más altos costos laborales no salariales en América Latina, junto con Argentina y Brasil [1], debemos advertir lo que implicaría ratificar el citado Convenio, no sin antes recordar que el Perú tiene 75 Convenios OIT ratificados, de los cuales 66 están en vigor.

A ello debemos agregar los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por el Perú, donde algunos contienen capítulos laborales y mecanismos generales de solución de controversias que nos generan más de un problema (quejas por supuestos incumplimientos de Convenios ante la OIT o presuntas violaciones, por ejemplo, al Capítulo Laboral del TLC entre Estados Unidos (EE.UU.) y Perú ante la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo de dicho país).

El Perú ya cuenta con una regulación específica para los Trabajadores del Hogar y está desarrollada en la Ley N° 27986 (2003). Su Reglamento, aprobado mediante DS N°015-2003-TR y DS N°004-2009-TR, que precisa los actos de discriminación contra las trabajadoras del hogar, la Directiva N°001-2014-MTPE/2/14, aprobada mediante Resolución Ministerial N°173-2014-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), así como el “Protocolo de fiscalización de las obligaciones del régimen de los trabajadores y trabajadoras del hogar”, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 113-2017-SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), así como diversas resoluciones y orientaciones de la SUNAT que se encuentran en su portal institucional[2].

Pese a todo ello, existe un bajo nivel de cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del hogar, y existe un problema en su fiscalización por la inviolabilidad de la propiedad privada (casa del empleador), tarea que está en manos de la SUNAFIL.

El año 2012, el MTPE emitió un informe acerca de la ratificación del Convenio N°189 de la OIT. El costo de su cumplimiento para los empleadores (nosotros) superaba el 70%. Ello, en un contexto donde actualmente un trabajador del Sector Público (posible empleador) percibe S/.300 por concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, y que tendría que pagar a su trabajadora el equivalente a una remuneración mensual por cada Gratificación, CTS y Vacaciones, así como un sueldo y medio por año por concepto de indemnización por despido.

Finalmente, las iniciativas legislativas referidas a la modificación de la Ley N°27986, proponiendo mayores beneficios, contenidas en los Proyectos de Ley N° 276, 325, 666 y 889/2016-CR; y 2597 y 2884/2017-CR, a la fecha no son materia de análisis por parte de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social ni de Mujer y Familia del Congreso. Cuidado con sobreregular un régimen que podría terminar siendo explosivo.

[1] https://publications.iadb.org/handle/11319/8430

[2] http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/trabajadores-del-hogar/informacion-general-trabajadores-del-hogar

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