Este domingo que pasó se celebró el Día de la Madre y, como sucede cada año, los centros comerciales, mercados y florerías fueron abarrotados en la víspera para encontrar el regalo para mamá.
El mismo día muchas familias hicieron largas colas desde temprano en las chicharronerías, los tamales se agotaron más pronto que de costumbre y las florerías seguían ofertando sus arreglos con globos y peluches; nuestros soldados del VRAEM mandaron emotivos saludos a sus madres, los medios de comunicación destacaron a varias mujeres que además de madres trabajan intensamente para mantener a sus hijos, y finalmente, quienes ya no tienen a su madrecita con vida concurren a los cementerios para recordarlas, llevarles flores, cantos y serenatas.
Una fecha de homenajes, de agradecimientos y de gratas emociones, sin embargo, el contraste lo encontramos en las calles, donde la delincuencia no da tregua ni siquiera en esta fecha. El presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez fue asaltado en un taxi cuando se dirigía con su esposa al cementerio El Carmen de Chiclayo, un delincuente abrió la puerta del vehículo y le arrebató la cartera a Gloria Gómez después de golpearla en el rostro y salir huyendo con su botín en una mototaxi.
En Huaycán un joven panadero terminó su jornada de mañana y al salir del trabajo intentó evitar otro arrebato a una pareja pero lamentablemente recibió dos disparos mortales. Este es el Perú de hoy, donde la delincuencia sigue haciendo de las suyas, donde jóvenes avezados arrebatan carteras, celulares e incluso la vida de sus víctimas sin el menor remordimiento, un país donde sus principales ciudades combinan sus centros históricos y tradiciones regionales con la osadía, las balas, la extorsión desde sus cárceles, las peleas de amanecida, los feminicidios, los muertos en manos de sicarios o por borrachos al volante; la violencia, el crimen y la delincuencia se combinan en un coctel mortal que acecha a todos los peruanos.
El barómetro para las Américas 2017 ubica, en su ranking de victimización por delincuencia, al Perú en segundo lugar con 33 %, superado sólo por Venezuela con 40 %; en enero de este año la Fiscalía registró cerca de 100 mil denuncias en todo el país, donde el hurto y el robo superan el 60 % de las denuncias que llegaron a la Fiscalía, no sabemos cuántas se quedaron en las comisarías y cuántos casos no fueron denunciados.
Estos datos explican porqué la percepción de inseguridad ciudadana en los últimos 10 años oscila entre el 52 y 57%, lo que se refleja también en las encuestas donde la inseguridad ciudadana se considera como uno de los principales problemas del país.
Para hacerle frente a la delincuencia tenemos en el Perú cerca de 1500 comisarías, 1400 fiscalías y 2200 juzgados; es decir, 125 mil policías, 6000 fiscales y 2900 jueces; este es el número de expertos que tienen la responsabilidad de combatir el crimen y la delincuencia en el Perú, jueces que tienen que atender una carga procesal que supera los 3 millones de expedientes cada año, entre los acumulados y los recién ingresados, lo que evidentemente deviene en una lenta y agónica administración de justicia, por ejemplo, si se cumplieran los plazos establecidos por ley en un proceso por robo agravado sería de 7 meses, sin embargo, dura 4 años y dos meses en promedio.
Los principales titulares del sistema de justicia alegan que esto se debe a problemas de presupuesto, sin embargo, este año tienen asignado: 10713 millones para Interior, 1841 millones para la Fiscalía, 2349 millones para el Poder Judicial y 810 millones para el INPE, un total de 15713 millones de soles sin contar con lo que gastan los gobiernos locales y regionales en los servicios de vigilancia y seguridad ciudadana, más del 10 % del presupuesto general de la República destinado a combatir el crimen y la delincuencia, lamentablemente los resultados no son los esperados.
¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Al menos hay nociones básicas de la gestión pública que se deben tomar en cuenta. En primer lugar se necesita analizar y replantear todos los procesos del sistema de justicia, los titulares de estos sectores deben dejar su ego de lado y convocar a expertos en diseños de procesos para optimizar e integrar a los gobiernos locales, regionales, comisarías, fiscalías, juzgados y centros penitenciarios en un único sistema de gestión de justicia, la tecnología de hoy resuelve fácilmente este problema.
En segundo lugar, deben dejar que la administración de sus instituciones se realice con gestores públicos especializados, los funcionarios públicos administrativos no deben depender del titular de cada pliego, porque el costo de poner a sus amigos en la administración solo da lugar a la ineficiencia en el uso sus recursos, además que los constantes cambios en las gerencias hacen imposible aplicar políticas de gestión eficientes y sostenibles en el tiempo.
En tercer lugar, se debe rediseñar una nueva normatividad legal de lucha contra el crimen y la delincuencia, se debe invertir en convocar a los mejores juristas nacionales e internacionales para que en el corto plazo tengamos nuevas y claras reglas de juego, ni siquiera el Congreso que tenemos está calificado para entregarnos un nuevo código penal acorde a nuestros tiempos.
Y en cuarto lugar, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana del Estado debe cumplir de una vez por todas con dos de sus funciones: promover una educación en valores ciudadanos y una cultura de participación ciudadana; y contar con un registro centralizado de monitoreo e información que les permita conocer realmente la situación que vive el país, de tal manera que las políticas de Estado aplicadas a la seguridad ciudadana realmente comprendan estrategias que respondan a los indicadores analizados.
Necesitamos una verdadera reforma del sistema de justicia en el Perú que empieza por su diseño y planificación, luego se determinará el presupuesto necesario para su implementación, y no al revés, como sucede en este singular país que muchas veces pone las cosas de cabeza.