Recientemente ha vuelto al debate público un tema polémico que involucra la reforma de nuestro sistema político y electoral. Me refiero a la Bicameralidad. Debemos recordar que en el Congreso Constituyente Democrático de 1993 existió una posición contraria a ella, pues se consideró que producía un retardo en el proceso legislativo, promovía el centralismo, y mantenía –innecesariamente– dos Cámaras con idénticas facultades legislativas y de investigación. Esto no se justificaba en un país unitario como el peruano.
Hoy, los argumentos a favor y en contra están sobre la mesa. Es responsabilidad nuestra estudiarlos detenidamente y con objetividad. Si nos centramos en la función legislativa, la Unicameralidad tiene la virtud de ser expeditiva en el trámite legislativo. Sin embargo, esta rapidez puede afectar la calidad de la norma. En la Bicameralidad existe un procedimiento más largo que promueve una mayor reflexión, lo que supuestamente debería contribuir a mejorar la calidad de las normas que se expiden. Al menos en teoría, si queremos menos pero mejores leyes, tal vez deberíamos optar por la Bicameralidad.
Si nos centramos en la función de representación, la Bicameralidad tiene la virtud de representar mejor a la población, en la medida que existan mecanismos diferenciados de elección. Habría senadores que representen a todo el territorio nacional y diputados que representen a circunscripciones electorales regionales o provinciales. La Unicameralidad dificulta representar a la población de esta manera diferenciada. Si queremos mejorar la forma de representación, quizá sería razonable optar por la Bicameralidad.
Finalmente, si nos enfocamos en la función de control político, la Unicameralidad y la Bicameralidad se encuentran en las mismas condiciones. En ambas existen mecanismos de control político que deben ser utilizados para vigilar el accionar del Poder Ejecutivo, aunque la experiencia reciente indica que para ejercer control político es mejor un Congreso unicameral.
También debemos considerar el gasto que implicaría implementar una segunda Cámara. Un Parlamento bicameral supondría un incremento importante de los recursos públicos que se deberían asignar para su funcionamiento, lo que podría ser políticamente inadecuado en una época de retroceso económico y crecimiento de la pobreza. Si queremos promover austeridad fiscal y destinar menor cantidad de recursos a la función legislativa, entonces sería más aconsejable mantener el modelo unicameral actual.
La decisión es difícil y depende de los objetivos que nos tracemos como sociedad. Iniciar una reforma por la Bicameralidad implicaría un cambio importante del sistema político de nuestra Nación. Pero sería bueno preguntarnos, si optáramos por ella, lo siguiente: ¿Sería una Bicameralidad simétrica en la que ambas Cámaras tendrían iguales funciones legislativas y de investigación, como estaba prevista en la Constitución de 1979, o se establecerían funciones diferenciadas para cada una? ¿Una sola Cámara elegiría a los directores del BCR, los Magistrados del TC o al Defensor del Pueblo y otros altos funcionarios del Estado, o esa decisión se atribuiría a ambas Cámaras? ¿Vale la pena iniciar esta reforma en la coyuntura actual? El debate está abierto.