El día de ayer domingo 22 de abril, se conmemoran 21 años de la exitosa operación Chavín de Huántar, operación que no solo puso en el mapa mundial a nuestro país por su enorme complejidad y gran éxito, sino igualmente porque significó un golpe durísimo contra el MRTA y un hito en la lucha contra el terrorismo.
La operación, además de compleja, resultaba un enorme reto por lo peligroso de la situación. La entonces residencia del embajador de Japón albergaba a 72 rehenes, los comandos que participaron en la misma sabían que del éxito de su trabajo dependían no solo su vida y la de todos los rehenes, sino también todo un país que se encontraba a la expectativa de poder dar por fin un golpe definitivo contra el problema que tanto lo aquejaba. El terrorismo.
20 años después de la operación, se condecoró con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la misma, quedando pendiente una deuda con los mineros que construyeron los 4 túneles empleados en la operación. Si bien ellos no pusieron su vida en la primera fila, es inconcebible desconocer los riesgos que estos enfrentaron por solo participar en la operación, y no solo ellos, sino también todas sus familias por estar a la merced de las represalias terroristas.
Por ello, el pasado jueves durante la sesión del pleno del Congreso de la República, 21 años después de la operación, se aprobó la “Ley que declara defensores calificados de la democracia a los mineros que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar”, como consecuencia de una iniciativa legislativa de Fuerza Popular.
Nuevamente la izquierda peruana votó en contra del reconocimiento de estas valientes personas, al igual como lo hicieron cuando se aprobó la Ley que declaró “Héroes de la Democracia” a los Comandos Chavín de Huántar. Nuevamente no fueron capaces de reconocer esta lucha conjunta contra el terrorismo, sino que como siempre, les cuesta muchísimo trabajo zanjar en forma rotunda con el terrorismo.
En el debate, la izquierda mostró argumentos de los más absurdos. Por ejemplo, se oponían porque señalaban que no se conocía los nombres concretos de los “mineros héroes”. Parece que olvidaron que los nombres de los mineros se mantienen en reserva porque estos aún temen que algún remanente terrorista pueda atentar contra ellos y sus familiares, y por ello, hoy solo se conocen los nombres de los que voluntariamente han decidido mostrarse.
Sin embargo, lo que ha resultado aun peor que estas conductas, es la perturbadora posición del Congresista Rogelio Tucto, militante también de la izquierda peruana, quien hasta ha llegado a pronunciarse a favor de un indulto al genocida Abimael Guzmán, entre otras afirmaciones que desconocen la barbarie que significó Sendero Luminoso y el MRTA para nuestro país.
Estas posiciones, sin duda, equivocadas, no hacen más que evidenciar la fragilidad de nuestra memoria como país. Hoy Osmán Morote goza de una prisión domiciliaria para afrontar el juicio que el Estado Peruano le sigue por la matanza que significó Tarata, situación que se motiva por la inoperancia y desidia de la Fiscalía de la Nación en contubernio con un Poder Judicial, instituciones que no cumplieron sus deberes funcionales dentro de los plazos previstos en las leyes y reglamentos aprobados. Esta situación nos causa no solo indignación sino una profunda decepción, considerando que el Dr. Ruiz, destacado magistrado que sentenció a varios de los cabecillas terroristas como Morote, fue cruelmente asesinado por éstos, y hoy son los propios miembros del sistema de administración de justicia, quienes, pese al deber legal y moral de sancionar a sus asesinos, son quienes lo liberan. De verdad una tragedia nacional.