La semana que pasó tuvo como protagonistas a presidentes y representes de 33 gobiernos de la región que llegaron a Lima para participar en la VIII Cumbre de las Américas, una reunión de mandatarios que sucede cada 3 años y que por primera vez se realizó en el Perú.
Al margen de situaciones de menor trascendencia como la llegada o no de Nicolás Maduro, Donald Trump o su hija Ivanka, la reunión tuvo como corolario la suscripción de un compromiso de Lima por la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, un documento con 57 compromisos agrupados en 7 ámbitos del quehacer político donde los países firmantes han expresado su interés de poner en práctica al menos hasta el año 2030.
Si miramos hacia el Perú y lo que le tocaría al gobierno del presidente Vizcarra en este corto tiempo es poner mayor énfasis en la aplicación de una verdadera política de transparencia y acceso a la información pública, para esto sólo se requiere de una decisión política, porque las herramientas, normas y demás condiciones técnicas ya existen, lo único que falta es que los funcionarios de gobierno entiendan la importancia de cumplir la ley y transparentar las actividades que desarrollan en todos los sectores del Estado, y como siempre existe resistencia en los servidores públicos, es necesario que se convierta en una obligación cumplir con determinados parámetros al término de un tiempo señalado, por ejemplo, al 31 de diciembre de este año.
En el documento conceptual de la Cumbre se señalaron cuatro requisitos que fácilmente pueden convertirse en el punto de partida de esta política contra la corrupción. El primero destaca la necesidad de contar con mecanismos de contratación pública transparentes y competitivos, que garanticen el libre acceso y la igualdad de oportunidades a todos los postulantes; es decir, tomar medidas que rompan los círculos de interés de los operadores logísticos y los comités de selección que han aprendido a sacarle la vuelta a los sistemas de control en sus procesos de compras y contrataciones, desde los direccionamientos para los contratos CAS, hasta las licitaciones y menores cuantías que terminan siendo compras a dedo a los proveedores que dejan sus porcentajes bajo la mesa a cambio de las órdenes de compra o de servicios, la solución es sencilla, los operadores logísticos no deben tener contacto con los proveedores, todo debe hacerse en línea, en tiempo real, de libre acceso público y con un mecanismo de control manejado desde el OSCE para sancionar en 48 horas a los proveedores con malas prácticas, sin duda la ciudadanía y la prensa serán los principales fiscalizadores de estos procesos.
El segundo punto refiere la necesidad de contar con reglamentos de conducta claros y sistemas de monitoreo de ética de trabajo; aunque es un enunciado medio enredado, en realidad lo que se necesita es estandarizar los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, tanto de bienes y servicios, como contrataciones de personal y ejecución de obras, y por otro lado, se necesita integrar los procesos que realizan los servidores públicos de tal manera que se pueda registrar y visualizar la trazabilidad de sus actos, algunas entidades públicas han desarrollado sus sistemas de trámite documentario con semáforos que advierten cuando un empleado público encarpeta documentos, los retrasa o simplemente cuando se le vencen los plazos para ejecutar su trabajo, estas alertas evidencian la eficiencia o ineficiencia de los servidores públicos, o en el mejor de los casos detecta los cuellos de botella que necesitan de una inmediata solución para atender en los plazos establecidos a los requerimientos de los ciudadanos, estos sistemas de gestión ya existen y funcionan muy bien en varias entidades públicas, no sólo en gestión de documentos, también en planillas, inventarios, almacenes, planificación, tesorería, etc., lo que se necesita es que todas las entidades del Estado operen en la misma plataforma, con procesos claros, transparentes y asociados a cada persona responsable de dichos procesos, para esto nuevamente se requiere de decisión política y de un responsable que haga cumplir este propósito al 31 de diciembre de este año.
El tercer punto señala la publicidad de la hoja de vida e información económica de los funcionarios de gobierno; otro punto que también requiere de una orden desde el más alto nivel para que inmediatamente todos los servidores públicos, los elegidos y los contratados, en todos los niveles, publiquen su trayectoria profesional en el Estado, así como su información personal sobre sus ingresos, patrimonio y estados de cuenta bancarios, actualmente es obligatorio que cada año solo los altos funcionarios realicen sus declaraciones juradas, las que se publican en una versión muy resumida en el diario El Peruano y nada más, lo que limita la vigilancia y control ciudadano, esta plataforma web de actualización permanente permitirá conocer mejor a los servidores públicos, sobre todo a los que resultan elegidos, así evitaremos que el Estado esté plagado de personajes miserables que lucran indebidamente con el presupuesto del Estado que todos financiamos.
Y en cuarto lugar se menciona la necesidad de contar con un registro público de los funcionarios sancionados por actos de corrupción, otro punto de fácil implementación pero que, igualmente, requiere de una decisión del más alto nivel, toda esta información está disponible, la Contraloría y los administradores de justicia cuentan con estos datos, lo que se necesita es coordinar y lograr una integración de estas bases de datos, y mejor aún si pueden integrarse también con el portal del servidor público que sugerimos en el párrafo anterior, de tal manera que cualquier ciudadano pueda conocer en línea la labor que cumple cada empleado público, ver su desempeño funcional, su nivel de ingresos, su patrimonio y si fue sancionado administrativa o penalmente.
Sin duda estas medidas serán de gran impacto favorable en la lucha contra la corrupción, si realmente es lo que se busca desde el gobierno.
Finalmente, la implementación de medidas simples, rápidas y positivas como éstas deben ir acompañados de una adecuada campaña de sensibilización y concientización, en todos los sectores del Estado, y para que la ciudadanía empiece a recuperar la confianza en la institucionalidad pública, un requisito necesario para garantizar la gobernabilidad democrática del Perú.
Mención aparte merece lo que hizo el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, en su permanencia en Lima respetó todos los semáforos en rojo durante sus desplazamientos, gran lección para nosotros que vivimos en medio de una lamentable cultura de la falta de respeto. A ver si para el 2019 empezamos una campaña de recuperación de valores tan básicos para nuestra sociedad como el respeto, la igualdad y la honestidad, tan escasos en el Perú de este tiempo.