Esta semana empieza una nueva etapa en el ejecutivo, los nuevos ministros ingresarán a sus nuevas oficinas con muchas ganas de hacer una gestión destacada, desde muy temprano del martes convocarán a los funcionarios de la alta dirección de sus carteras para recibir los informes situacionales de cada una de las áreas estratégicas que ahora estarán bajo su dirección.
Al lado de cada ministro aparecerán nuevos rostros, personajes que muy pronto serán los nuevos directores y asesores del flamante ministro designado por el presidente Vizcarra, luego vendrá la transferencia y entrega de cargos, primero entre el saliente y entrante ministro, y como suele pasar en estos casos, los cargos de confianza serán puestos a disposición en el más breve plazo, para dar lugar a la entrega de cargos de los renunciantes funcionarios a los nuevos jefes.
Dentro de estas entidades públicas los trabajadores no podrán ocultar su ansiedad y preocupación por los cambios que se aproximan, tomarán nota de los nuevos nombres para recurrir al doctor google y al facebook con el deseo de encontrar alguna referencia, amigo común, contacto o lo que sea para que puedan mantenerse en el cargo, serán muy diligentes y amables con los nuevos asesores y directores que durante todo el mes de abril serán nombrados a través de las normas legales del diario El Peruano.
Los celulares estarán llenos de mensajes con información de los nuevos directivos, algunos con buenas noticias y descripciones positivas del perfil profesional de los nuevos designados, pero también circularán los mensajes con el detalle de los errores, denuncias, publicaciones y asociaciones de los nuevos directivos con personajes vinculados a la corrupción, a la política de alcantarilla, incluso con el narcotráfico, la minería ilegal y demás problemas de toda índole.
Así está la burocracia peruana, inundada de chismes, prejuicios, intereses y ―lo que es peor― de delincuentes que aprovechan estas circunstancias para seguir operando al margen de la ley motivados por el interés y beneficio propio.
Este nuevo gabinete tiene que enfrentar dos problemas mayores externos que ponen en riesgo la gobernabilidad del país. El primero es el Congreso que tenemos, plagado de hombres y mujeres que llegaron a ocupar una curul, no por sus méritos políticos sino por el perverso sistema electoral que tenemos, un sistema que termina designando a los cascotes de la política peruana corroída por el mal de la corrupción y la crisis de valores. Y en segundo lugar, tendrá que enfrentar los males del sistema de justicia que anda a paso lento, a ciegas, entre tumbos, con pocos aciertos, saturados de expedientes que acumulan en sus hojas la búsqueda de esa justicia que se hace cada vez más lejana a los más pobres, a las mayorías, a los provincianos que no entienden la razón, ni las leyes, ni las decisiones de policías, fiscales y jueces responsables de la utópica justicia peruana.
Pero este nuevo gabinete también tendrá que enfrentar dos problemas mayores internos que ponen en riesgo la recuperación de la institucionalidad pública del Estado. El primero es la corrupción enquistada en los ministerios y sus órganos adscritos, una especie de sistema de crimen organizado que opera bajo el manto de la legalidad pero que en la práctica deviene en el tráfico de influencias, direccionamientos de contrataciones de trabajadores en la modalidad CAS, hasta el favorecimiento indebido de las contrataciones y adquisiciones sobrevaluadas que realizan las oficinas de logística, con la complicidad de los comités de selección y los proveedores privados que sin ningún desparpajo ofrecen sus coimas, regalos y hasta peores vicios a los burócratas que con su sello y visto bueno, y luego con su informe de conformidad, terminan dándole la forma de legalidad a sus delitos, burlando la débil mirada del órgano de control interno y de la Contraloría que tenemos.
Y el segundo problema interno que deberá enfrentar este nuevo gabinete es la incapacidad de gestión que tiene el Estado, esta incompetencia es el resultado de la mala selección de los que dirigen a las organizaciones estatales, nuevos titulares de pliego que asumen la responsabilidad de dirigir una entidad pública ―y su presupuesto― sin siquiera conocer el sector, ni el objeto social, ni el funcionamiento de aquella institución que le fue otorgada por confianza. Designaciones que más obedecen a una especie de repartija del poder en retribución a una mal entendida lealtad y/o apoyo en campaña, o simplemente por la amistad con el ministro o el mismo presidente, en lugar de tomar en cuenta su experiencia profesional en el sector al que será puesto.
El tiempo que le queda a este gobierno es un poco más de tres años, tiempo suficiente para emprender un verdadero cambio en la gestión pública, pero para lograrlo tendrá que elegir a los empleados públicos adecuados para cada puesto, este proceso de selección también tiene que ser profesional, donde la ética y la honestidad deben ser requisitos obligatorios de los nuevos elegidos, y para los mandos intermedios también se tiene que elegir a los mejores, con experiencia y honestidad comprobada en el ejercicio de sus funciones, actualmente SERVIR tiene más de 500 gerentes públicos seleccionados y capacitados para asumir estos retos, gerentes públicos permanentemente monitoreados en sus procesos, pero las autoridades nacionales, regionales y locales prefieren designar a sus amigos, “no importa que no tengan experiencia, ya aprenderán en el camino, lo importante es que tengan mi confianza, para que no me fallen”, dicen la mayoría de ellos, y luego vemos los resultados, alcaldes detenidos, gobernadores regionales presos, y hasta expresidentes que terminan en las cárceles, la mayoría de ellos con sus amigos, con aquellos que fueron designados en cargos de confianza, ¡sí!, esos que nunca fallan, que son leales, que no delatan, pero, ¿a qué precio?