El Congreso aprobó anoche la insistencia con la cual se supera la inexplicable observación del Poder Ejecutivo a la Ley que fortalece las funciones de la Contraloría para facilitar su labor de lucha contra la corrupción. Esta observación gubernamental ―que se basa en objeciones intrascendentes e infundadas― no hace otra cosa que confirmar nuestras sospechas de que en Palacio de Gobierno no existe voluntad de facilitar los mecanismos para frenar las corruptelas y delitos que se cometen en el aparato estatal.
La ley que el Gobierno ha observado fue coordinada hasta en sus detalles con el citado organismo de control y debido a ello es que el propio Contralor señaló que no promulgar esta importante norma «implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga innecesaria e ilógicamente el inicio del proceso de reestructuración organizacional de la Contraloría».
Esta crítica inusualmente dura de parte de un Contralor hacia un gobierno, denota el malestar de quien necesita con urgencia que se mejore el marco legal de la fiscalización en nuestro país y que ve como esta posibilidad se retrasa debido a pretextos con forma de tecnicismo, como el siguiente: Pese a que esta ley es un aporte tan necesario en estos tiempos de corrupción y de delitos contra el Estado, se cuestionó la creación de nuevas vicecontralorías para fortalecer el control simultáneo, adicional al control posterior. El Ejecutivo alega que implicaría una iniciativa parlamentaria de gasto y contravendría el artículo 79 de la Constitución, obviando deliberadamente que esa propuesta vino de la propia Contraloría y no del Congreso.
De otro lado, el Ejecutivo, como gran excusa para observar la ley, se opuso a que el Congreso mantenga la facultad que siempre ha tenido en relación con sus órganos de control institucional y cuestionó que se rija por sus normas de funcionamiento interno, a pesar que así lo establece expresamente el artículo 94 de la Constitución y el Reglamento del Congreso, que es su ley orgánica. Con esta observación el Ejecutivo intenta desviar la atención de que el fortalecimiento de las normas de control debe apuntar principalmente al Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales y Locales, que son los grandes ejecutores de obra pública en este país. Por lo demás, el Congreso se encuentra sometido plenamente a las normas del Sistema Nacional de Control, como corresponde.
Que no se quiera engañar a la población: con esta nueva ley aprobada por insistencia en el Pleno de ayer, el Congreso está luchando frontalmente contra la corrupción.