El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ya tiene algunas tareas inmediatas. Una de ellas es analizar el tan odiado ―por los sectores formales― aumento de la remuneración mínima vital.
Después de revisar los últimos 20 aumentos efectuados entre 1990 y 2016, encontramos que solo hay uno que se aprobó por consenso tripartito (Estado, Trabajadores y Empleadores)[1].
Hoy el ministro no la tendrá fácil. El Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) está en proceso de reactivación. A ello debe sumar que tiene un último listado de 8,855 ex trabajadores cesados irregularmente (Resolución Ministerial Nº 142-2017-TR), que le pasarán la factura de la reposición o reubicación laboral de dichos ex trabajadores en alguna entidad o empresa del Estado, a cambio de “mantener” una buena relación entre las Centrales Sindicales y el gobierno de turno. No olvidemos que estamos en el “Año del Diálogo y la de Reconciliación Nacional”. Lo decimos porque las centrales sindicales que conforman el CNTPE: Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), Confederación de Trabajadores del Perú (CUT), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y Confederación de Trabajadores del Perú (CATP) formaron parte de la Comisión Ejecutiva encargada de la aprobación del listado antes mencionado.
Debemos ser conscientes también que, difícilmente, podremos proponer y/o aprobar alguna reforma laboral. No solo por la pésima relación que se tiene entre Ejecutivo y Legislativo (ojalá mejorara por el bien del país), sino por las diversas Sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que establecen un blindaje a la sobreprotección de los derechos laborales en el Perú.
En mi opinión, los derechos laborales deberían ser diferenciados de los derechos fundamentales y de los denominados costos laborales no salariales. En estos últimos ya calificamos como los más altos de América Latina (peleamos el primer puesto con Argentina y Brasil), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[2].
También debemos resignarnos a seguir ocupando los primeros puestos en la informalidad. Ya superamos el 72% y no encontramos consenso alguno sobre qué hacer aunque sea para detenerla. No solo se trata de una reforma laboral (como la quisieran algunos empresarios, la cual no es la idónea), sino de una reforma tributaria, judicial y de educación en forma conjunta y progresiva.
Ni qué decir de la reforma previsional, pues con la nivelación de las pensiones solo para los Militares y Policías, contraviniendo la Constitución Política del Perú, se genera un forado presupuestal a partir de este año y difícilmente habrá recursos para otros “gastos”.
Finalmente, debemos tener información adecuada y oportuna. Lo ocurrido con el Proyecto de Ley N° 1215/2016-CR es un claro ejemplo de ello. La iniciativa debió ser advertida no solo por el Ejecutivo[3], sino también por sus Congresistas. Si bien pudo tener la mejor intención en beneficio de los jóvenes, por su mala comunicación desató un movimiento de protesta que cada día es más fuerte y peligroso.
[1] Decreto Supremo N° 007-2012-TR
[2] https://publications.iadb.org/handle/11319/8430
[3] Dónde estaban los coordindores parlamentarios?