Lo hemos señalado en forma reiterada, para mí ha sido un honor presidir en esta legislatura la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, no sólo por los ilustres parlamentarios que ejercieron a lo largo de nuestra historia dicho encargo, o por la importancia de los temas que esta Comisión aborda, sino fundamentalmente porque soy una convencida de que el desarrollo que ha alcanzado nuestro país en los últimos años se sostiene, firmemente, en el modelo económico que nuestra Constitución ha consagrado.
Durante este año legislativo, uno de los mayores logros que hemos podido alcanzar como Comisión, ha sido sin duda emprender la reforma electoral. La reforma electoral ha sido, es, y seguirá siendo una reforma de largo aliento, en el propósito de lograr un nuevo sistema mucho más eficiente, democrático y justo; una reforma en la que seguimos trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso de siempre.
Al respecto, es importante señalar que, desde la Presidencia del Congresista Miguel Ángel Torres, se venía discutiendo el mecanismo para emprender tal reforma, y así los miembros de la Comisión decidimos que la misma sería dividida en tres etapas, las cuales, a pesar de las críticas y trabas encontradas, ya hemos podido cerrar en forma satisfactoria la primera etapa que básicamente comprendía las reformas urgentes, aquellas que se debían analizar, debatir, aprobar y promulgar para poder asegurar un mejor proceso democrático en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Aquí aprobamos, luego de largas discusiones y en base al consenso necesario, normas tan importantes como la referida al calendario electoral, al financiamiento de los partidos políticos o, la que regula los impedimentos para postular a cargos de elección popular, entre otras.
La segunda etapa[1], que abordaremos apenas inicie la segunda mitad del periodo parlamentario en marzo, está compuesta por las reformas constitucionales necesarias para mejorar el sistema electoral con miras a las Elecciones Presidenciales del 2021. Dentro de estas, probablemente las propuestas más trascendentales y comentadas son aquellas vinculadas con la bicameralidad, que incluye la posibilidad de volver a la antigua conformación del parlamento con dos cámaras, una de diputados o cámara baja, y la de senadores o cámara alta. En este modelo cada cámara cuenta con funciones específicas y diferenciadas, siendo la cámara de diputados la que se encarga del control político y la cámara alta de la ratificación de las normas aprobadas en la primera, entre otras cosas.
Los proyectos de Ley vinculados a este tema implican necesariamente evaluar una reforma constitucional que conllevaría a la reestructuración completa del Congreso. Es así que, siguiendo la metodología implementada en la Comisión que implica la necesaria participación de la ciudadanía, la Comisión de Constitución y Reglamento seguirá realizando una serie de sesiones descentralizadas en diferentes zonas del país, en costa, sierra y selva, pues entendemos que es IMPOSIBLE legislar sin escuchar a los expertos, a la academia o a los Partidos Políticos, pero sobre todo sin escuchar a la población, en la convicción que son ellos para quienes y CON QUIENES trabajamos. Esta actitud democrática implica tener la capacidad de escuchar sugerencias, opiniones y críticas, pero especialmente difundir su discusión para lograr su legitimidad social, que es la esencia de las reformas.
La bicameralidad, es sólo uno de los temas comprendidos en la agenda de reforma electoral, de acuerdo a los proyectos de Ley que han sido presentados por los distintos legisladores. Existen varios temas adicionales como renunciabilidad del cargo de congresista, renovación parcial del Congreso de la República, límites a la reelección inmediata de congresistas, entre otros. Como es obvio, priorizaremos aquellos que resulten de mayor relevancia para la consolidación de nuestro sistema democrático y de nuestros partidos políticos.
Finalmente, la reforma electoral hacia el 2021 y finalizada la tercera etapa, deberá merecer de este nuevo Congreso de la República un Código Electoral unificado o una Ley Electoral unificada que compendie la totalidad de la legislación electoral vigente a dicha fecha y que permita a los operadores e individuos regulados tener predictibilidad y certeza de las normas aplicables a las relaciones jurídicas que se desarrollen.
[1] La tercera etapa consiste en las propuestas de ley dirigidas a la aprobación de un Código Electoral.