Recientemente el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2018 que dispuso la ampliación de la vigencia del Decreto de Urgencia N° 003-2017 por un mes. El Ejecutivo optó por este camino luego de que presentara tardía e inoportunamente un Proyecto de Ley (PL 2408) para establecer un nuevo régimen legal para los casos de corrupción de empresas que, dada su complejidad, requerirá de estudio en el Congreso y sus respectivas Comisiones especializadas; y que, por tal razón, no podía ser aprobado con la premura que el Ejecutivo exigía a los legisladores.
La presentación ―por el Ejecutivo― del PL 2408 constituye la tácita admisión de que el Decreto de Urgencia 003-2017 fue, a pesar de algunas cosas buenas, un fracaso; así como el reconocimiento de que Fuerza Popular estaba en lo correcto cuando, desde abril del 2017, advertía de las severas deficiencias de ese Decreto de Urgencia, por lo que propuso ―a través del PL 1410― un nuevo régimen legal para abordar íntegramente el problema del cobro de la reparación civil del Estado, la continuidad de la obras y servicios públicos, y la no interrupción de la cadena de pagos a los proveedores.
Es curioso que, aun cuando el Congreso aprobó como Ley el citado PL 1410, que contenía propuestas de todos los actores involucrados, incluyendo al propio Ejecutivo, esta iniciativa haya sido truncada por una observación que provino del propio Gobierno a pocos días terminar el año 2017. Y es más sorprendente aún que el Ejecutivo haya esperado hasta el último minuto para presentar otro Proyecto de Ley (PL 2408), volviendo a fojas cero un trabajo arduo en el que se invirtieron recursos y tiempo.
El lunes pasado logramos que el Ejecutivo comprendiera por fin que el estudio de las propuestas del PL 2408 que acaba de presentar debe ser minucioso; por ello, expidió la prórroga del D.U. 003 que permitirá un análisis responsable del citado proyecto de ley.
En conclusión, gracias al Ejecutivo nos encontramos exactamente en la misma situación del año pasado: un Decreto de Urgencia 003 insuficiente que salva a los asociados y consorciados; un Proyecto de Ley que propone un nuevo régimen legal para enmendar esa situación, y un Congreso que, a pesar de las resistencias, está dispuesto a colaborar.