En el Congreso Nacional de la República han presentado dos denuncias constitucionales contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, una del vocero de Fuerza Popular Daniel Salaverry y otra de la Congresista Yeny Vilcatoma, ambas recibieron el respaldo de toda la bancada fujimorista.
La primera denuncia es por no haber dispuesto investigaciones a la empresa Odebrecht y la segunda por haber nombrado como fiscal a Hamilton Castro.
Se pretende acusarlo de infracción constitucional, por no haber cumplido con ordenar cómo y a quién investigar, en este Caso a las empresas involucradas en el escándalo de corrupción conocido como Odebrecht.
Los actos de corrupción que forman parte del caso Lava Jato u Odebrecht, abarcan un imperio empresarial de la construcción brasilero, comprende 12 países de América, entre ellos el Perú, donde hay varios gobiernos sucesivos involucrados, que han dado como resultado parcial tener tres ex Presidentes, con mandato de prisión, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de comprender a Alan García Pérez e incluso al actual presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski, quien se salvó de la vacancia y enfrenta una nueva crisis.
Estas denuncias constitucionales no son sino un intento de presionar al Ministerio Público, para frenar o impedir que se profundice investigaciones, en contra de lideresas y líderes políticos del fujimorismo y el aprismo respectivamente.
Estas acusaciones pretenden ignorar que el Fiscal de la Nación no tiene posibilidad legal, para ordenar o disponer a quién o cómo investigar, ya que los fiscales gozan de autonomía funcional en el ejercicio de sus labores, sobre cuyas decisiones cabe interponer los recursos y acusaciones respectivas.
El nombramiento de un fiscal específico tampoco es facultad absoluta del Fiscal de la Nación, ya que existe un sistema de nombramiento de fiscales, empezando por las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
La autonomía funcional constitucional del Ministerio Público, es parte del equilibrio de poderes que tenemos en el Perú, por lo que toda presión o intento de copamiento, atenta contra este equilibrio de poderes y la autonomía de cada uno de ellos.
La ruptura del equilibrio de poderes y la autonomía impide combatir con eficacia el abuso del poder y los presuntos actos de corrupción que se cometan desde el estado en el ejercicio del poder.
Defender la autonomía e independencia del Ministerio Público, es defender la democracia en el país.