La coyuntura política que vive nuestro país es muy crítica, la gobernabilidad y el estado de derecho están a punto de ser violentadas por personajes que están guiados por sus intereses subalternos que buscan satisfacer sus mezquinos intereses personales en desmedro de los nacionales. La falta de institucionalidad y de nuestra cultura cívica nos hace pasar por estos apuros. El principal protagonista de esta peligrosa situación es el Congreso de la República que, a través de sus actores instalados en las diversas comisiones y en el pleno, actúan de manera irresponsable como títeres que responden a manos externas.
El Presidente de la República tiene la obligación moral y legal de aclarar las denuncias que hasta hoy han presentado en su contra. Las fuerzas democráticas, estudiantiles y gremiales tenemos la obligación de defender la institucionalidad, el orden democrático, al Fiscal de la Nación y al Tribunal Constitucional. El Ministerio Público está investigando los actos de corrupción y hay interesados en socavar su institucionalidad. La Corte Interamericana ha notificado al Estado peruano para que detenga la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional por el Congreso de la República. Lamentablemente, este Congreso está convirtiendo al Perú en una “republiqueta”.
Sin embargo, los golpes democráticos y atentados contra la institucionalidad en nuestro país son frecuentes y ocurren en diversas instituciones. Los hay en los partidos políticos, tal es el caso de Acción Popular, que revocaron la inscripción del comité ejecutivo nacional del ROP-JNE, sin ningún sustento legal.
La agresión institucional contra Acción Popular está liderado por Raúl Diez Canseco Terry, quien renunció al partido en el 2002 cuando era Vicepresidente de la República y Ministro de Estado, del cual fue defenestrado por los hechos irregulares y morales que todos conocemos. Después de haber intentado sin éxito formar su propio partido —con la complicidad de ciertos dirigentes— de manera irregular ha regresado al partido con sed de venganza y vanidad de ser el Duce de acción Popular. Algunos congresistas y empleados del Congreso actúan como sus operadores, que han instaurado: La Mentira, como Doctrina.
Más allá de hechos particulares, Acción Popular como institución en la segunda vuelta decidió apoyar la candidatura de PPK y considero que fue acertado. Fuimos fieles a nuestra tradición democrática y no apoyamos al fujimorismo que es nuestra antítesis. Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones presidenciales, tuviera el control absoluto del Congreso de la República y del Ejecutivo, ese escenario hubiera sido catastrófico para nuestro país. Las instituciones tutelares estuvieran violentadas y sometidas, la confrontación social sería total y con los derechos civiles conculcados. En estos momentos el aparato de blindaje, en busca de impunidad, estuviera institucionalizado, las investigaciones se llevarían de manera parcial y subjetiva, las persecuciones políticas clandestinas y abiertas tendrían como objetivo callar las voces democráticas. Y jamás se hubiera conocida la verdad sobre los hechos de corrupción que están saliendo a la luz.
Además está la sabiduría del pueblo que no le dio el poder absoluto a la señora Fujimori y tampoco a Pedro Pablo Kuczynski. El pueblo buscó el equilibrio de poderes y eso hoy de manera irresponsable se está rompiendo. Vivir en democracia es lo mejor que nos puede pasar, hay que cuidarla sin temor y sin dudas.