Es diciembre, todo está revuelto y este no es precisamente un “tiempo de paz”, al menos en lo que a la política ser refiere. En efecto, este mes se debe resolver la insensata acusación constitucional interpuesta por los congresistas Salaverry y Vilcatoma en contra del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; así mismo, debe ser vista también la no menos insensata acusación constitucional interpuesta en contra de cuatro magistrados constitucionales; pero eso no es todo. Este mes la Corte Suprema debe resolver también la admisión o no de la casación interpuesta por la defensa legal de Humala y Heredia en contra del mandato de prisión preventiva que recae en contra de ambos y se espera, además, la ya anunciada acusación por parte de la Fiscalía. También, en lo que resta del mes, seremos testigos de cómo la mayoría parlamentaria de FP resuelve la encrucijada en la cual se ha metido tras insistir en la comparecencia del Presidente PPK ante ella y, lo más insólito, deberá decidir si insiste o no en la citación a la Primera Dama, Nancy Lange, a quien, según versiones periodísticas, se le vincula con una empresa relacionada a ODEBRECHT. Es muy probable además que antes de fin de año sepamos si la Fiscalía aceptó a Jorge Barata como Colaborador Eficaz y sí logró firmar el Acuerdo de Colaboración respectivo.
Las dos acusaciones constitucionales serán vistas y con toda seguridad aprobadas, tanto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como por la Comisión Permanente. Digo esto porque FP posee mayoría y ya ha expresado su respaldo. Sin embargo, siguiendo con el procedimiento previsto en el Reglamento del Congreso, ambas acusaciones deben pasar al Pleno, donde se requiere el voto favorable de dos tercios del número total de congresistas (130), sin contar a los miembros de “La Permanente” (22); es decir, se necesitarán 72 votos (dos tercios de 108). Ahora bien, FP sumaría 61 (60 propios más 1 de Vilcatoma), le faltarían 11. La pregunta es ¿los va a conseguir?
Más allá de las cifras, son más importantes las consecuencias de uno u otro supuesto, si consiguen los votos se podría aprobar solo la Destitución; la Destitución y la Inhabilitación o la Denuncia Penal, las tres o dos de ellas. En el caso del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, su destitución obliga a que la Junta de Fiscales Supremos elija a su nuevo titular; en el caso del Tribunal Constitucional será el propio Congreso el que elija a los cuatro reemplazantes. En ambos casos, si bien “las formas” se habrían cumplido, en “el fondo” se habría generado un golpe a la institucionalidad democrática, habiéndose impuesto la “dictadura de la mayoría.” El Ministerio Público pasaría a tener al frente a un Fiscal de la Nación disminuido por la amenaza de seguir la suerte de su predecesor y el Tribunal Constitucional pasaría a ser un apéndice de la mayoría parlamentaria. No obstante lo expresado, si no se llegasen a conseguir los votos o si lográndolos no se aprueba la destitución sino solamente las denuncias penales, los acusados seguirían en funciones y con este supuesto se avizora un escenario muy diferente. La “aplanadora” en la que se ha transformado el “mototaxi” habría sido detenida “en seco” y esto marcaría un punto de inflexión en el proceso político. Un Ministerio Público y un Tribunal Constitucional fortalecidos institucionalmente se convertirían en el deseado contrapeso frente a los excesos de una mayoría parlamentaria francamente extraviada e inconsecuente. “Bajo la Mesa” el cabildeo ya se deja sentir y no debe sorprender que aparezcan neofujimoristas que apoyen estos despropósitos dizque “por la gobernabilidad.”
Los últimos pronunciamientos de la Fiscalía y el Poder Judicial en los casos: Villarán (impedimento de salida) y directivos de las empresas consorciadas (prisión preventiva), tornan incierta la decisión de la Corte Suprema respecto de la admisión o rechazo de la casación de Humala y Heredia. Son tan desconcertantes las últimas decisiones adoptadas que el Principio de Predictibilidad ha desaparecido. Finalmente, hay que esperar que la Sala se reconforme por la innecesaria inhibición de Príncipe Trujillo. Lo único que cabe en este caso es que la Fiscalía decida si acusa o no, la prisión preventiva sin acusación siquiera es intolerable y legalmente insostenible.
PPK no va a asistir a la Comisión Lava Jato, en esto al menos no puede cambiar de opinión. Su esposa, Nancy Lange, citada también, sí asistirá y se espera que la convocatoria se desarrolle en un clima de respeto y tolerancia.
Finalmente, en el tema Barata, se ha llegado por fin a un “punto de no retorno”, será declarado “colaborador eficaz” y se firmará con él un Acuerdo. Toca esperar que a inicios del 2018 empiece a “cantar” y revele todo lo que sabe.
La semana cerró con la sorprende noticia que el Fiscal José Domingo Pérez, tras haber sido autorizado por el Juez Richard Concepción Carhuancho, allanó dos locales de Fuerza Popular (sede central de Paseo Colón y oficina de la “Presidenta” en Surco). La respuesta no fue la esperada, de las destempladas amenazas iniciales de Becerril y Salgado, se ha dado paso a frases más moderadas dichas por la propia “presidenta” y su secretario general. Sin duda, “la mayoría” ha acusado recibo del duro golpe y han reflexionado sobre su status de “intocables”.
Que el Niño Dios venga pronto y que nos traiga para el año venidero Paz y Prosperidad.