El escándalo de corrupción Lava Jato, u Odebrecht, involucra varios gobiernos: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, incluyendo al actual de Pedro Pablo Kuczynski, así como a los grandes empresarios de la construcción durante estos años y sus empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A, ICCGSA.
Políticos y empresarios buscan eludir responsabilidades, demandando investigaciones imparciales, pero hoy la población exige conocer a fondo las responsabilidades, condenas drásticas “caiga quien caiga”, como se escucha y repite.
Aunque poco se repara en el marco legal que permite esta corrupción, el de la contratación de obras públicas y la propia Constitución de 1993.
El modelo de contratación estatal de obras públicas es aquel en el que se licita sin tener estudios definitivos de las características y costos de la obra, argumentando que de esta manera se gana tiempo en los procesos de licitación y adjudicación de las obras públicas.
Años atrás, las licitaciones públicas se hacían bajo la modalidad de “suma alzada”, los estudios definitivos de ingeniería establecían una valorización que, durante el concurso de las licitaciones, podía variar en 10% hacia arriba o hacia abajo.
Hoy, la modalidad de contratación permite que el precio final de la obra se defina por la valorización propuesta por la empresa concesionaria, ejecutante de la obra, se tramite la aceptación del Estado, concedente, con el visto bueno de la empresa supervisora. Sucesivas ampliaciones de contrato, las famosas “adendas”, formalizan esta situación multiplicándose el precio final de las obras, respecto a los cálculos iniciales.
Este mecanismos de contratación tiene que modificarse, porque es responsable de los incrementos y sobrecostos de la Carretera Interoceánica, pasando de USD 920 millones iniciales a USD 4,500 millones y sin que aún esté concluida, como un ejemplo de los varios en todo el país. Nos han estado robando a vista y paciencia, con el manto de la legalidad de los contratos. El papel soporta todo.
Este modelo de contratación se ampara en artículos de la Constitución de 1993 que prohíben la participación estatal en actividades empresariales, en los contratos ley de estabilidad tributaria, en una débil función de control del estado, en la ausente política de planificación y en la renuncia a la decisión pública sobre las obras a realizar, dejándole la iniciativa al sector privado bajo la forma de Asociación Público Privada y obras por impuestos. Por ello planteamos su cambio.