Se acerca fin de año y todas las entidades públicas tienen que rendir cuentas sobre su ejecución del presupuesto asignado, las oficinas de presupuesto y planificación tienen una recargada tarea durante este mes, muchas entidades públicas disponen una serie de medidas que les permitan cerrar a tiempo las cuentas públicas, las que se verán reflejadas en la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas y los sistemas que controla esta cartera.
Los directores, gerentes y jefes empiezan a revisar sus saldos presupuestales, los asistentes administrativos de cada área alertan a sus jefes sobre los requerimientos solicitados en los últimos meses o semanas, y que aún el área logística no ha podido atender. Entonces se forman equipos para correr con los estudios de mercado, los operadores logísticos se quedan en sus oficinas trabajando más horas de las establecidas para sacar cuanto antes los procesos de convocatoria, entre informes, memorandos, estudios de mercado, llamadas telefónicas y correos electrónicos de ida y vuelta, hasta los pedidos de certificación presupuestal, la autorización de la gerencia para proceder con las compras o adquisiciones de bienes y servicios, con plazos ajustados de ejecución para diciembre, las publicaciones en el SEACE y los comités de selección no se dan abasto para atender todos los procesos, en fin, una serie de tareas realizadas a última hora y muchas veces incumpliendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. “Lo importante es realizar todo el gasto posible para no devolver dinero al MEF, de lo contrario, sufriremos recortes presupuestales el próximo año”, dicen los funcionarios públicos y repiten sus gestores a cargo.
Esto significa que los responsables de las finanzas, tesorería y control de los pagos también sufren de una recarga laboral. Por un lado, la exigencia de las áreas usuarias que presionan para que se autorice sus pedidos y por otro lado, los proveedores que exigen sus pagos a tiempo dentro del año, sino tendrán que esperar dos o tres meses para que, luego de los devengados, reciban su justiprecio por el servicio o bien brindado al Estado.
Esto no tendría nada de extraño en nuestro país, donde el hacer las cosas a última hora y corriendo es casi una regla general. Sin embargo, lo que sí es observable es la oportunidad que ven los malos funcionarios y trabajadores públicos que, en medio de estos correteos, empiezan a hacer de las suyas con los proveedores y los recursos del Estado.
Este es el mes en los que muchos de los operadores logísticos tratan de hacer su agosto, la sobrevaloración de bienes y servicios se ponen a la orden del día, igual que el conocido diez por ciento de coimas para sacar una orden de servicio direccionado a un determinado proveedor, el pedido de “colaboraciones” a los proveedores para las agasajos de fin de año también son una práctica común, y por supuesto, la aparición de muchos supuestos cursos de capacitación encargados por el área de recursos humanos para justificar los costos de las canastas navideñas prohibidas en el Estado, pero que igual se entregan a los trabajadores cada fin de año.
Para muestra un botón, el pasado 1 de diciembre a las 17:03 horas, la Municipalidad Distrital de Comas publica en el SEACE la convocatoria COMPRE-SM-7-2017-OEC/MDC-1, para la contratación del servicio de toma de inventario físico de bienes muebles del ejercicio 2017 con un valor referencial de 42,100 soles, en el cronograma establece que los postores deben presentar sus cotizaciones el mismo día entre las 8 y 17:30 horas, y que la buena pro será otorgada a las 18 horas, también del mismo día.
Entonces se presentaron supuestamente tres postores, Javier Elías Patiño Gardella (a las 17:30 horas) con una cotización por 52 mil soles, RECAMI S.A.C. (a las 17:35 horas) con una cotización por 47 mil soles, y G & V Fast Consulting S.R.L. (a las 17:40 horas) con una cotización por 42,100 soles.
Lo que sucedió al final es observable porque tenemos una muestra de eficiencia extrema en un proceso de contratación de un servicio en tiempo récord, se convoca en el SEACE a las 17:03 horas, se presentan tres postores presencialmente con sus cotizaciones, de los cuales dos llegan fuera de hora y debieron ser descalificados por ello, pero resulta que el que llegó diez minutos después de la hora establecida termina siendo el beneficiado con la buena pro, como consta en el acta suscrita por el subgerente de logística, William Jorge Machuca Príncipe, a las 18:10 horas, pero por esas cosas que aún no sabemos explicar, resulta que fue publicada en el SEACE a las 17:53 horas, es decir, 17 minutos antes de su suscripción.
Sin embargo, no es un caso de eficiencia, todo parece que se trataría de un caso de corrupción, porque al conversar telefónicamente con Javier Patiño me indicó que no presentó ninguna propuesta ni tampoco tenía conocimiento del proceso. Igualmente al conversar con Marisol Arévalo de RECAMI SAC, no supo darme alguna referencia sobre el caso. Es decir, esto apesta, y de seguro no es el único caso en las entidades públicas, la corrupción es un cáncer que infecta el tejido social y requiere una inmediata intervención para evitar que más funcionarios públicos sigan haciendo de las suyas con los recursos del Estado.
Es una tarea ardua y difícil que deben cumplir la Contraloría, las oficinas de control interno, la Fiscalía, el Poder Judicial y también la ciudadanía. La vigilancia ciudadana y la exposición mediática de casos como este ayudan a visibilizar el problema, pero la solución le corresponde al Estado y a sus órganos de gobierno comprometidos realmente con este propósito.